De acuerdo con el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), las medidas contraterrorismo impiden que las organizaciones de ayuda humanitaria presten atención a quienes lo necesitan, afectando doblemente a las víctimas.
En un estudio llamado Principles under pressure (Principios Bajo Presión), la entidad noruega recogió testimonios de trabajadores humanitarios así como evidencias que estipulan que los civiles pagan el precio del combate contra los grupos terroristas.
La realización del documento demostró que los legisladores, por lo general, no toman en consideración la situación de las víctimas del terrorismo, por lo tanto, los marcos jurídicos expedidos tampoco aseguran que se les otorgue la ayuda necesaria.
Debido a lo anterior, las organizaciones tienen problemas para cumplir la ley, poniéndolas en un predicamento, sin saber si llevar a cabo lo que sus principios les exigen o bien, obedecer las leyes que se contraponen.
Las dos principales zonas donde se observó este escenario fueron el noreste de Nigeria y Somalia donde los grupos armados perciben que las organizaciones son parciales y se les vincula con la agenda del gobierno.
Retraso en programas
Ahí, debido a las medidas contra el terrorismo, se paralizaron las acciones de las prestadoras de ayuda humanitaria, las cuales incluso llegaron a autocensurarse, además, la situación supuso un impedimento en la transparencia de sus actividades.
Otra de las consecuencias es que algunas organizaciones —principalmente las más pequeñas— se han visto forzadas a hacer transferencias de dinero por vías que no son reguladas ni oficiales, con lo que hay un retraso en la aplicación de sus programas.
La publicación también dio a conocer que los colectivos, en un intento por reducir el riesgo, han venido otorgando más responsabilidades a sus integrantes en las zonas afectadas, lo cual podría traer consigo un efecto contrario.
La institución noruega observó que no se presentó gran avance con respecto al mismo análisis realizado en 2013, debido a que no distinguieron voluntad por parte de los gobiernos.
Por lo anterior, el CNR llamó a un involucramiento de todos los actores, por un lado, instó a las organizaciones a levantar la voz, en tanto que al gobierno exigió permitir otorgar la ayuda a quien lo necesita.