El teleférico hecho en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, estuvo plagado de irregularidades, pues el 50 por ciento de su costo se pagó por adelantado y sin licitar, luego desaparecieron los contratos, cambió el proyecto, lo hizo otra empresa y costó más.
En un principio, la obra tendría mil 890 metros de longitud y conectaría la zona de Los Fuertes de Loreto con el Centro Histórico, habría tres estaciones y la construcción estaría a cargo de una empresa suiza por 234 millones 429 mil pesos.
En rueda de prensa este lunes, David Méndez Márquez y Carlos Figueroa Ibarra, voceros de campaña de la coalición Juntos Haremos Historia, evidenciaron los contratos con los que el gobierno del estado habría pagado el 50 por ciento del costo total (117 millones) el 31 de junio del 2012, apenas unos días después de que se adjudicó de forma directa el proyecto a la empresa, ya que ni siquiera hubo un proceso de licitación.
Al comenzar las obras, se desató el repudio social del proyecto debido a que contemplaba derribar la Casa del Torno, un edificio del siglo XVII ubicado en el Barrio del Artista, donde se instalaría la estación del Centro Histórico.
Tras varios meses de protesta y pugna legal debido a que los inconformes promovieron amparos y el gobierno estatal nunca pudo comprobar que contaba con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se decidió eliminar del proyecto este punto.
Para ello, los voceros señalaron que la Secretaría de Infraestructura y la Contraloría del estado (en aquel entonces encabezadas por Cabalán Macari Álvaro y Eukid Castañón Herrera) propusieron dejar solamente las dos estaciones ubicadas en Los Fuertes, reduciendo el proyecto a su tercera parte, ya que solo tendría una extensión de 645 metros.
Desaparecieron primeros contratos
Sin embargo, para ese momento ya se habían cometido daños irreversibles en La Casa del Torno y ya se había cubierto más del 50 por ciento del costo total del teleférico, así que para modificar el proyecto también se tenían que cambiar los contratos.
Aquí es donde se detectaron más irregularidades, pues Méndez Márquez y Figueroa Ibarra recordaron que en el sitio de compras Compranet, se publicó que la constructora mexicana Cems fue la encargada de ejecutar la obra renovada, pero con un costo total de 350 millones de pesos, a pesar de ser tres veces menor que la original.
Mientras que en el primer proyecto el metro lineal de teleférico costaría 123 mil pesos, al final el precio fue de 548 mil 558, es decir, 443 por ciento más, reiterando que la extensión fue tres veces menor tras dejar fuera una estación.
Aunado a ello, los voceros señalaron que los nuevos contratos fueron publicados como los definitivos y oficiales de la obra, pero los primeros, de los que mostraron copias porque fuentes secretas se los compartieron, no hay rastro en los archivos de la administración pública. Es decir, como si nunca hubieran existido.
También puntualizaron la interrogante de qué pasó con los 117 millones de pesos que se habían dado a la empresa suiza por adelantado y que no se abonaron al costo de la obra final.
De igual forma, enfatizaron que, al suspender las obras con la primera constructora, esta debió exigir una remuneración por cancelación de contrato, pero tampoco se sabe por cuánto dinero fue.
Asimismo, cuestionaron sobre el paradero del material que se adquirió para la tercera estación y que ya no fue utilizado, pero que a pesar de eso ya era propiedad del gobierno del estado.
Demandan investigación
Por todo ello, consideraron necesario que se investigue a Moreno Valle, Macari Álvaro y Castañón Herrera, pero al reconocer que con el actual gobierno eso no ocurrirá, enfatizaron la importancia de que Miguel Barbosa Huerta, candidato de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), gane la gubernatura, pues de esa manera se podrán auditar todas las obras de los gobiernos panistas que posiblemente esconden actos de corrupción.
Puntualizaron que por eso la esposa del exgobernador, Martha Erika Alonso Hidalgo, abanderada de Puebla al Frente (PAN-PRD-MC-CPP-PSI), no debe llegar al poder porque representa la continuidad del gobierno de su marido y servirá como protectora de sus intereses, además de garantizarle impunidad.
Por otro lado, los voceros coincidieron en que la supuesta entrega de contratos por parte del gobierno federal a David Amadeo Barbosa Huerta debe ser cuestionada a él y no al candidato, solo por ser su hermano.
Afirmaron que estos señalamientos son parte de una estrategia para desestabilizar al abanderado morenista a unas horas del debate por la gubernatura, por lo que consideraron que son de mínima importancia.
Finalmente, Gabriel Biestro Medinilla, dirigente estatal de Morena, adelantó que este lunes o el martes, el candidato del PVEM, Michel Chaín Carrillo, declinará favor de Alonso Hidalgo, como un pago de favores a su esposo, que lo tuvo como secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico.
En tanto, señaló que aún no tienen definido el sitio para cerrar la campaña el próximo 23 de junio, pero que se valoran como opciones la Plaza de la Victoria y el Estadio universitario de la BUAP.
