Iguala, ¿crimen de Estado?
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que la imputación política ha perseguido, desde 2014, al presidente Enrique Peña Nieto: la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, el 26 de septiembre de ese año, fue un crimen de Estado. La definición convencional lo caracteriza como “la desviación organizacional por parte de agencias del Estado que involucra la violación de los derechos humanos”. Ninguna institución que revisó y estudió el actuar del gobierno federal en la investigación de la desaparición de los estudiantes, ha señalado que se trató de un crimen de Estado, pero existen bases sólidas para que esa imputación tenga asideras en el campo político y, por tanto, permite un golpeteo sistemático y permanente contra la administración peñista. La paradoja para el Presidente es que se lo ganó a pulso.
La falta de oficio político fue la entrada a esta pesadilla política-jurídica que acompañará a Peña Nieto aún después de concluir su Presidencia. La noche del 26 de septiembre, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, se comunicó con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, incondicional y confiable para el presidente Peña Nieto, para informarle que había un serio problema con normalistas de Ayotzinapa, en Iguala. No había suficiente información en ese momento, pero en el gobierno federal, que tenían información policial y de inteligencia civil y militar de lo que pasaba, no hicieron nada. Miranda no alertó a sus jefes, ni dispuso de acciones federales extraordinarias para intervenir inmediatamente en ese caso. La omisión inicial, sin embargo, se iría reforzando con la insolencia y arrogancia frente a los hechos, que continuaron marcando esos primeros días en Los Pinos.
El domingo 28, los periódicos de la Ciudad de México dieron cuenta pormenorizada de la represión a la que habían sido sometidos los normalistas por parte de la policía municipal de Iguala. Pero en Los Pinos había otra lectura, inducida por el procurador Jesús Murillo Karam, cuya información llevó a la conclusión a los colaboradores del Presidente “que todo había sido un conflicto entre narcotraficantes”. A uno de los presentes en esa reunión se le hizo ver que quienes estaban involucrados eran normalistas de una escuela que por décadas había sido beligerante y confrontada con la autoridad. “Ahí todos son narcotraficantes”, respondió tajante. Era un punto final a esa discusión sin entender que el tema, por la propia naturaleza de que las víctimas eran estudiantes, tomaría una dimensión muy diferente a la que habían analizado. La soberbia era la marca de la casa.
Un día después, el lunes 29, en la reunión de estrategia que tenía el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, se preguntó sobre el caso. Cuando la respuesta fue que estaban involucrados policías municipales de Iguala, Nuño determinó que era un caso estatal, que lo debería resolver el gobernador Aguirre, porque no era de competencia federal. Ese diagnóstico permeó lo que vendría días después con la actitud y el discurso presidencial. Al día siguiente, Peña Nieto lamentó los hechos y subrayó que “es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales”. Había ya, en ese momento, una contradicción: si como dijo Murillo Karam era un conflicto entre “narcotraficantes”, al ser ese un delito federal la PGR debió haberlo atraído. Las inconsistencias se acumulaban.
El CISEN y la Marina enviaron reportes diarios a Los Pinos sobre el caso de Ayotzinapa, pero la forma como se procesaban y sintetizaban hacían que el Presidente tuviera menos información, en cantidad y calidad, que si leyera un periódico. Peña Nieto no tenía información relevante sobre lo que estaba pasando, pero tampoco le importó mucho, porque no exigió que se la dieran. El gobierno estaba ausente y crecían las críticas en la opinión pública sobre su omisión. La PGR, que por oficio tenía que involucrarse, buscó dar golpes efectistas y trató infructuosamente de procesar al gabinete de seguridad de Aguirre y vincularlo al crimen organizado, que para esos momentos ya se tenía evidencias de su participación central en la desaparición. No había bases para ello, por lo que no avanzaron en esa línea.
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No se limaron todas las asperezas
Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que Como me ves, te viste. Florestán
El encuentro de los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, que preside Alejandro Ramírez, con Andrés Manuel López Obrador, el martes, no puede quedar en la anécdota de que limó asperezas, que se abrazó con Claudio X. González, su villano favorito desde hace más de una década, y que hablaron de beisbol.
No, no puede quedar ahí una reunión de tal trascendencia luego de los mutuos agravios y descalificaciones, enfrentamientos, a lo largo de tantos años, desde el peligro para México hasta la mafia del poder, en 2006, hasta hoy, 12 años después, de la minoría rapaz y traficantes de influencias, al Chávez y Maduro.
De lo que sé, es que en su mensaje inicial, Ramírez le dijo que sus descalificaciones de que somos traficantes de influencias y beneficiarios de la corrupción, nos hiere y ofende profundamente. Nos parece injusto que señale sin fundamento alguno a empresas que llevan décadas invirtiendo y trabajando por este país, respetando las leyes y contribuyendo al bienestar de los mexicanos.
López Obrador escuchaba atento acompañado de Alfonso Romo, que operó este encuentro, para luego responder que a él también le ofendía que lo compararan con Hugo Chávez o Nicolás Maduro, como algunos de los allí presentes han hecho, o que dijeran que México iba a ser Venezuela, que rechazó.
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La guayabera de AMLO
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, espera un debate muy acalorado la próxima semana. Quizá por ello fue su representación ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la que sugirió permitir que los candidatos vistan guayaberas en el tercer encuentro entre presidenciables, que será en Mérida, Yucatán. La propuesta fue en términos amistosos, nada de patria o muerte, por lo que al parecer fue suficiente para desistir la explicación del INE respecto a que esa prenda complicaría el manejo de iluminación y cámaras en el set y requeriría en todo caso guayaberas de color distinto al blanco. Además, se expuso que el aire acondicionado no permitirá un debate sobrecalentado, al menos por el clima. Ya el tono caluroso de la discusión será otra cosa.
Del Pirata Fuente al Azteca
A propósito de Andrés Manuel López Obrador, nos hacen ver que se la pasará entre algunos estadios en la recta final de la campaña electoral. El tabasqueño, nos comentan, no solamente va a cerrar la etapa de proselitismo en el estadio Azteca el próximo 27 de junio en la CDMX; antes tiene planes de acudir, el 23 de junio, al estadio Luis Pirata Fuente, inmueble de los Tiburones Rojos del Veracruz, para acompañar el cierre de sus candidatos de Morena en aquel estado del país. Nos comentan que estará al lado de su abanderado a la gubernatura, Cuitláhuac García, a quien quiere darle el último empujón. Claro, también asistirá su abanderada al Senado y posible próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que Juana Cuevas, esposa de José Antonio Meade, y Beatriz Gutiérrez, de Andrés Manuel López Obrador, ya tienen competencia en cuanto a protagonismo en las campañas presidenciables: Carolina Martínez, que si bien no utiliza el micrófono en los eventos públicos de Ricardo Anaya, se le ha visto muy cerca de su esposo en fechas recientes.
Durante la visita a la Universidad Iberoamericana, se tomó selfies con el panista, puebleó en Huixquilucan y lo acompañó a Culiacán. ¿Será que ahora busca exhibir, en la recta final del proceso, que son una pareja unida como seducción para el electorado? Más allá de que ha sabido enviar el mensaje de padre responsable desde el inicio del proceso con múltiples apariciones de sus hijos.
Que lo del estadio Azteca no será excepción para los cierres de campaña estatales de Andrés Manuel López Obrador, pues en el equipo aseguran que ante la negativa de algunas autoridades de prestar plazas públicas, esa será la alternativa, como en Veracruz, donde el 23 junio el tabasqueño y el candidato a gobernador Cuitláhuac García quieren reunir a 40 mil personas en el estadio Luis Pirata de la Fuente.
Que hablando de Veracruz, resulta que el fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, dio a conocer en su cuenta de Twitter que otra de sus aficiones, además de preparar paella, es jugar al futbol y celebraba que después de tres años regresaba a las canchas con el equipo Desaparecidos. Sí, “Desaparecidos”.
Con 2 mil 500 casos de desaparecidos a cuestas, las protestas en la red social cayeron en cascada, incluidas las del colectivo Solecito, que llamó “irresponsables e inmorales” al funcionario y a su colaborador Luis Eduardo Coronel, hasta que ya por la noche, la famosa fiscalía aclaró que se trata de un torneo interno en el que los nombres de los equipos, por reglamento, son los del área de pertenencia del personal.