Puebla ocupa el segundo lugar en la criminalización de activistas socio-ambientales, después del Estado de México y Oaxaca por su oposición a los megaproyectos, por lo que organizaciones exigieron cancelar los permisos que hay en la entidad.
Así lo dieron a conocer, en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, integrantes de diversas agrupaciones de Puebla, al tiempo de lamentar que la entidad sea considera como el “Laboratorio de los Proyectos de Muerte y la criminalización de la protesta social”.
En rueda de prensa, el activista Gerardo Pérez Muñoz y Oswaldo Villegas Martínez, de la CNPA-MN, señalaron que lo anterior se debe a que se tienen minería a cielo abierto, fracking, hidroeléctricas, gasoductos, aunado a la “privatización” del agua y contaminación de ríos, arroyos y acuíferos, y deforestación.
Agregaron que esto en su mayoría se dio en la gestión del exgobernador Rafael Morreno Valle Rosas, por lo que Puebla se “volvió en terreno peligroso” para los defensores de derechos humanos, del medio ambiente y luchadores sociales.
Un ejemplo de ello, dijeron, fue la persecución y encarcelamiento de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero, quienes desde un principio se opusieron al gasoducto llamado Proyecto Integral Morelos (PIM).
Exigen esclarecer crímenes de activistas
Así como el homicidio de Antonio Esteban Cruz, el 4 de junio del 2014, quien era un opositor de la hidroeléctrica de Cuamono, Cuetzalan; y el más reciente el de Manuel Gaspar Rodríguez, el 14 de mayo de este año, igual por oponerse a un megaproyecto en el mismo municipio.
Por su parte, Gerardo López Ramírez, de El Barzón local, igual lamentó que Puebla sea una de las entidades con más proyectos de muerte (más de 400), pues en todas las regiones se tiene registrado alguno de ellos, lo que ha generado problemas socio-ambientales sin que las autoridades hagan algo al respecto.
En ese tenor, exigieron al gobierno estatal el pronto esclarecimiento de dicho crimen, que cese la represión en contra de los activistas, así como “de manera urgente” se establezcan medidas cautelaras para los defensores de los derechos económicos, sociales, culturales y en particular, ambientales.
Además de que se cancelen todos los permisos y concesiones dados a los “proyectos de muerte”, pues se han violado los derechos a las comunidades indígenas establecidos en la Constitución de Puebla, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el Pacto Internacional de los derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En tanto, hicieron un llamado a los candidatos a la gubernatura de Puebla para que, el que resulte ganador el 1 de julio, impuse la creación de la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente, pero que no sea una medida administrativa, sino que sea dotada de suficiente presupuesto y personal con experiencia y sensibilidad social.
Piden crear fiscalía de delitos ambientales
De igual forma, proponen modificar del artículo 13 de la Constitución local para que se garantice el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada, así como el 121 con el fin de garantizar que el cuidado de la ecología y el medio ambiente sea prioritario sobre cualquier otra actividad industrial, comercial, agrícola o de desarrollo urbano.
Además de que se impulse una ley general que reconozca la propiedad intelectual-individual y colectiva- de los pueblos y comunidades indígenas, se cree al interior de la Secretaría de Salud estatal la Unidad de Epidemiología y Toxicología Ambiental.
Aunado a lo anterior, pidieron crear la Fiscalía Estatal de Delitos Ambientales y endurecer las penas a quienes contaminen el medio ambiente así como la derogación de las leyes estatal del agua, orgánica municipal; de expropiación exprés, entre otras.
Finalmente, exigieron la cancelación de la concesión dada a Agua de Puebla por las “múltiples tropelías y violaciones” que ha cometido, además de que en la conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2025 se integren programas específicos sobre aire y ríos limpios, de conservación bosques; así como cumplan con la recomendación sobre el saneamiento del río Atoyac de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
