La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió la recomendación 2/2018 a la Fiscalía General del Estado (FGE) tras comprobar que, en 2015, policías ministeriales sometieron a malos a tratos a una persona detenida por robo.
La CDH, presidida por Adolfo López Badillo, señaló que, hace dos años se tramitó la queja 7539/2015, de la que se acreditó que, el 30 de noviembre de 2015, la policía ministerial en coordinación y apoyo de elementos de las policías estatal y municipal de Puebla realizaron una detención por hurto.
Durante el tiempo en que el detenido permaneció bajo su custodia, fue objeto de tortura, sin justificación alguna, que la causaron lesiones físicas y psicológicas por parte de los ministeriales; esto presupone una falta de preparación en el desempeño y ejercicio de sus funciones, ya que dichos servidores públicos no velaron por la integridad física de la persona asegurad, pues, como garantes de la seguridad pública, tienen la obligación de salvaguardar la integridad y derechos humanos de las personas.
La CDH estatal enfatizó que este organismo no se pronuncia sobre la responsabilidad penal que se le impura al agraviado, sino sobre la vulneración de sus derechos humanos.
Por tal motivo, recomendó proporcionar al agraviado atención psicológica que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos así como colaborar con la comisión en el trámite de la queja que promueva en la Dirección del Órgano Interno de Control y Visitaduría General de la FGE en contra de los elementos de la entonces Policía Ministerial que participaron en los hechos.
Ayudar a la CDH en el trámite de la denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público, en contra de los elementos que participaron en los hechos; brindar a los elementos capacitación sobre el uso de la fuerza y el respeto y protección de los derechos humanos y, realizar el pedimento correspondiente para que presente esta recomendación ante el Juzgado Octavo de lo Penal de esta ciudad, en el que se radicó el proceso, para que surta los efectos legales a que haya lugar.