Manuel Gaspar Rodríguez, activista ambiental opuesto a la construcción de la hidroeléctrica de Cuetzalan, recibió y denunció amenazas antes de ser asesinado, por lo que las autoridades judiciales deben priorizar este hecho en su investigación, a fin de aclarar el crimen.
Así lo exigió el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla, al condenar el homicidio del también líder del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (Miocup), ocurrido el pasado martes 14 de mayo.
En un comunicado, publicado ayer, miércoles, remarcó que, por su rechazo a la “minería a cielo abierto, al fracking y al proyecto de una subestación eléctrica en Cuetzalan”, Gaspar Rodríguez “recibió amenazas de muerte, las cuales se hicieron conocer a la Secretaría de Gobernación Federal en el mes de abril por parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN)”.
Por lo anterior, urgió a la Fiscalía poblana tomar las medidas necesarias para el “esclarecimiento exhaustivo de los hechos, así como la sanción de los responsables y la reparación integral del daño”.
En este sentido, indicó que los agentes deben agotar “todas las líneas posibles de investigación, de forma que no se desvirtúe el vínculo de su asesinato con su labor como activista y defensor del derecho al territorio”.
Asimismo, demandó cesar la criminalización en contra de organizaciones sociales y personas defensoras del derecho al territorio, al agua y los bienes comunes (…), en especial de los integrantes del MIOCUP y de CNPA-MN”.
Editado por Luis Alberto Palacios
