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Ley de seguridad interior: Elementos para un juicio/Útimo

Cuando el poder político se coloca por encima del Derecho, de manera natural, la razón legal y sus esquemas protectores de derechos humanos sucumbirán irremediablemente frente a los argumentos que impongan la influencia política, la corrupción económica y, de avalarse la LSI, la fuerza militar. El adiós al Estado democrático de Derecho será definitivo y la sociedad civil puede irse despidiendo de la democracia, o lo que reste de ella. Respaldar la acción de las fuerzas armadas mediante una ley fuera del marco constitucional, es la señal más oprobiosa de que la tentación autoritaria está aquí. En el lenguaje cifrado de los políticos neoliberales, los significados ocultos subyacen al discurso abierto. Decir enfáticamente: <<Hoy se acepta que en el ámbito de la seguridad pública hay mucho por hacer>>; o que <<en el país el crimen ha rebasado al Estado>> (http://www.jornada.unam.mx/2018/04/21/politica/005n2pol) entraña establecer, para consumo popular, desde una perogrullada hasta una genial metida de pata como “argumentos” para acelerar la aceptación social de la LSI. Ha de considerarse que la seguridad y certeza jurídica que así se dé a aquellas, será la misma de que se prive a los ciudadanos, pues la acción militar quedará asegurada contra toda responsabilidad penal por la eximente de obediencia debida.

El examen sobre inconstitucionalidad de la LSI que diversos organismos públicos, organizaciones civiles y personas plantearon ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en punto muerto pues la resolución espera tiempos políticos -favorables u obligados- para su emisión. La responsabilidad histórica de la Corte en la definición política y social del destino de nuestra República es inconmensurable. El problema de inconstitucionalidad deriva no solo del abierto desacato al artículo 129 constitucional sino, además, de la anulación de facto que impone sobre las disposiciones de los artículos 21 y 29 de la Ley Suprema, colocándose fuera de su marco y, consecuentemente, del orden jurídico nacional. La decisión será eminentemente política porque la emitirá un poder del Estado; versará sobre aplicación y prevalencia de las normas de la constitución política; y será inatacable en el ámbito interno del Estado mexicano.

Ameritaría condena enérgica y repulsa nacional, que la posibilidad de introducir gobiernos dictatoriales esté siendo tanteada pulsando el sentir de los adolescentes que cursan el segundo grado de secundaria (http://www.jornada.unam.mx/2018/04/21/politica/011n1pol), no solo por la vileza política que tal acción envuelve, sino porque el cuestionario respectivo fue aplicado en México bajo la supervisión de un organismo público cuya función social aparentemente ninguna relación guardaría con el hecho.

La decisión gubernamental de encimar los tiempos políticos dará pie a que, al tiempo en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal deba realizar la calificación de la elección presidencial, la Corte tendrá que resolver y determinar hacia dónde se encaminará la función de las fuerzas armadas: conservarlas como custodia de la soberanía e integridad del Estado nacional; o, convertirlas en guardias de seguridad privada del grupo político dominante y persecutoras de la inconformidad ciudadana que se opone a la putrefacción social que genera el modelo político-económico reinante.

¿Quiénes son los ministros que integran la Corte? Tres fueron propuestos por Vicente Fox: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González-Salas; cinco por Felipe Calderón: Luis María Aguilar Morales, actual Ministro Presidente; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; y, los tres últimos por Enrique Peña: Eduardo Medina Mora, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Todos ellos juraron, al asumir el cargo, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La incógnita, ahora, estará en saber si honrarán su solemne palabra, o van tras el designio de quien los llevó al cargo.

Que México pueda alcanzar condiciones objetivas de crecimiento económico y desarrollo social con plena paz y tranquilidad no será cosa fácil pues el actual régimen político no persigue ese objetivo; mantener el modelo de acumulación de riqueza, tal como está, requiere de inseguridad pública. La enorme cantidad de factores reales de poder creados durante los últimos treinta años de gobierno mediante despilfarro de recursos públicos y corrupción e impunidad políticamente solapadas contribuyen a su mantenimiento. Enfilarse hacia aquél objetivo exige de un acertado diagnóstico sobre las causas políticas y económicas que generan la inseguridad pública nacional, y la existencia –real, no discursiva- de voluntad política para combatirla con las herramientas que proporcionan el Derecho y el Estado. Por el uso político que se le da, como soporte de las inequidades sociales generadas por la salvaje economía de mercado, podemos decir que la inseguridad pública no cuestiona el “orden interno” de un Estado puesto que la criminalidad -social u organizada- no posee proyecto político propio que ofrecer a la población; solo es desatada y cobijada para disimular, disfrazar, encubrir o generar la violencia y el despojo autoritarios indispensables para afianzar el modelo económico.

La elección presidencial en puerta representa para los mexicanos la posibilidad de optar entre la corrupción hecha gobierno, o un gobierno sin corrupción como definición de su destino inmediato y futuro, con todo lo que ello pueda representar. En las circunstancias políticas y jurídicas analizadas a lo largo de este ensayo hay un atisbo de que esa decisión soberana del pueblo intente ser burlada con el uso faccioso de la institucionalidad electoral. ¿Demostró independencia el Congreso federal que aprobó sin discusión la iniciativa de LSI que envió el Ejecutivo? ¿La tendrá, para examinar su inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Si la hipótesis que aventuramos: <<la decisión de aprobar y publicar la LSI hubiese tenido el propósito, al enfrentar los conflictos internos del país, de eliminar la intervención que el artículo 29 da al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte para autorizar y calificar los actos del presidente, para concentrar todo el poder en éste>> tuviera algún grado de certeza; y la Corte diera su aval a la vigencia de la LSI, entonces, el totalitarismo en México quedará legalmente instalado. Gracias.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 29 de abril de 2018.
José Samuel Porras Rugerio

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

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