Amnistía Internacional (AI) señaló que tan sólo cuatro países fueron responsables del 84 por ciento del total de ejecuciones por pena de muerte registradas en 2017, asimismo determinó que el uso global de estas condenas se redujo respecto a 2016.
Tan sólo el 51 por ciento de todas las ejecuciones registradas se llevaron a cabo en Irán; junto con Arabia Saudí, Irak y Pakistán, estos cuatro países llevaron a cabo el 84 por ciento del total de estos hechos en el mundo.
Las ejecuciones en Irak aumentaron un 42 por ciento: de 88 en 2016 a 125 en 2017. Sin embargo, los otros tres países informaron de una ligera disminución en las cifras de ejecución comparado con 2016: el 11 por ciento en Irán, el 5 por ciento en Arabia Saudí y, de forma más significativa, el 31 por ciento en Pakistán.
Así lo dio a conocer la organización en su investigación “Condenas a muerte y ejecuciones 2017”, en el que indicó que al concluir 2017, 106 países habían abolido la pena de muerte en la ley para todos los delitos, y 142 la habían abolido en la ley o en la práctica.
AI registró una notable disminución en el total de ejecuciones llevadas a cabo por delitos relacionados con las drogas. Además, Irán y Malasia —dos acérrimos partidarios del uso de la pena capital para delitos relacionados con las drogas— adoptaron enmiendas legislativas que podían reducir el uso de la pena de muerte preceptiva para estos delitos.
Se registraron 993 ejecuciones durante 2017: una reducción del 4 por ciento respecto a 2016 (con mil 32 ejecuciones) y del 39 por ciento respecto a 2015 (mil 634 ejecuciones, la cifra más alta desde 1989).
Las ejecuciones también se redujeron de manera notable en Egipto (el 20 por ciento) y Bielorrusia (de cuatro a dos). Sin embargo, se duplicaron, o casi se duplicaron, en Palestina, de tres en 2016 a seis en 2017; en Singapur, de cuatro a ocho; y en Somalia de 14 a 24.
