Carlos Martínez Amador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, aseguró que se tiene que supervisar cómo está operando la concesionaria Agua de Puebla por las quejas de los ciudadanos y el sector empresarial.
Así lo señaló en entrevista al término de la comisión permanente del Congreso local, donde aseveró no conocer el dictamen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que evidenció que la privatización del servicio sólo trajo un incremento de tarifas de hasta 500 por ciento.
Por ello, dijo que tendría que “checarlo” para saber si el Congreso haría alguna modificación.
Ante la insistencia de la prensa, el legislador perredista invitó a los ciudadanos que tengan alguna queja “que la hagan saber” y a que pongan “más atención a la operación en estos momentos”.
Agregó que por ahora los diputados no harán ningún exhorto para llamarle la atención a la concesionaria y se limitó a indicar que en su momento platicarán con la comisión correspondiente.
Cabe mencionar que a mediados de 2013 el Legislativo local avaló la posibilidad de concesionar el servicio del agua a una empresa, en este caso Agua de Puebla, que ganó la licitación en diciembre del mismo año.
Sin embargo usuarios se han quejado del servicio, pues acusan que los cobros son excesivos, no hay abastecimiento y cortes masivos.