Las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Equis Justicia para las Mujeres promovieron un juicio de amparo en contra de jueces y magistrados de Zacatecas, por no hacer públicas las sentencias que han emitido; advirtieron que seguirán con Puebla.
Las ONGs explicaron que en Zacatecas, a pesar de encontrarse obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas, ningún juez ni magistrado del Poder Judicial de Zacatecas ha publicado una sola sentencia emitida desde hace dos años bajo el argumento de que ninguna ha sido considerada de “interés público”, por lo que violan el derecho de acceso a la información.
En el caso de Puebla, MCCI anunció que jueces y magistrados del Poder Judicial de Puebla por no cumplir con su obligación de hacer públicas las sentencias que han emitido como lo obliga en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Señalaron que entre 2015 y 2017, en Puebla sólo se han publicado sólo 11 sentencias en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Respecto a la demanda contra jueces y magistrados de Zacatecas, fue admitida por Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. Dicho litigio fue impulsado por un colectivo de otras seis organizaciones.
Cuál es el objetivo de la demanda
Actualmente las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de los ciudadanos sólo las sentencias de “interés público”, pero este concepto no está definido y en él se escudan para mantener su labor en la opacidad.
Acotaron que con este recurso legal interpuesto en Zacatecas se busca que las autoridades establezcan una definición de este concepto, que determinen que TODAS las sentencias son de interés público y que por ello, todas deben ser publicadas.
Concluyeron que La opacidad total en la que opera la mayor parte de los Poderes Judiciales es un asunto que debe ser considerado de gravedad. La publicación de las sentencias puede ser una herramienta para evaluar si las capacitaciones en los poderes judiciales locales, en las que se han invertido cerca de 596 millones de pesos en los últimos diez años, realmente están teniendo un impacto positivo.
