En México, la eficacia para sancionar conductas administrativas irregulares es muy baja: de cada 100 casos conocidos, sólo ocho son castigados efectivamente, ello implica que nuestra eficacia para sancionar las fallas se da en perjuicio del Estado de derecho.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) sólo sanciona en promedio 13.4 por ciento de las quejas o denuncias que recibe, lo cual implica una impunidad en la Administración Pública Federal de 86.6 por ciento.
Además, si se considera que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anula 41.8 por ciento de las sanciones de la SFP, la impunidad pasa de 86.6 a 92.2 por ciento.
Todo lo anterior así fue señalado en la investigación “Responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción” de la organización Impunidad Cero.
40% de sanciones de la SFP son menores
El reporte señaló que en promedio, el 40 por ciento de las sanciones impuestas por la SFP a los servidores públicos es de sanciones menores (amonestaciones públicas o privadas). En promedio, el 33 por ciento de las sanciones que impone la SFP queda firme, lo que implica que legalmente ya no es posible modificar la sanción por ningún medio legal y por ello sólo queda el cumplimiento de la sanción impuesta.
En 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que tiene como objetivo reducir la impunidad en la administración pública. La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), una de las leyes secundarias del SNA, establece un nuevo marco legal para la persecución y sanción de faltas administrativas.
Cabe mencionar que el grave problema de corrupción que enfrenta nuestro país, ha llevado a que la nación ocupe el lugar 135 de 180, en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del año 2017.