Activistas del país concuerdan en que la Ley General de Biodiversidad, que será discutida para su aprobación en la Cámara de Diputados, afectaría los derechos de comunidades indígenas, incluidas las de Puebla, al permitir el despojo y explotación de sus tierras.
El dictamen de este ordenamiento, aprobado por la Cámara de Senadores en diciembre de 2017, ya fue turnado al pleno de la Cámara Baja para que sea votado, por lo que defensores de derechos humanos se muestran preocupados ante la mercantilización de la diversidad biológica y la destrucción de las áreas naturales protegidas que representa.
De acuerdo con Gerardo Pérez Muñoz, activista ambiental de Puebla, la implementación de dicha ley contraviene los artículos 6, 7, 8 y 12 del Protocolo de Nagoya, acuerdo internacional que versa sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.
La Red Nacional Indígena (RNI) precisó, el pasado 4 de abril, que la nueva ley abre las puertas a la explotación de recursos minerales e hidrocarburos en áreas naturales protegidas, además de legalizar el despojo de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de sus pueblos.
Además, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de Universidad Iberoamericano, expresó, desde febrero pasado, preocupación porque la ley de biodiversidad no establece una prohibición expresa de actividades como la minería o la generación de energía eléctrica y la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas.
Ley afecta avances en protección ambiental: UNT
Por su parte, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) criticaron que los avances conseguidos mediante la “legislación ambiental de vanguardia” y el establecimiento de 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) serán afectados “con la iniciativa de ley que el PVEM y el PRI han presentado al poder legislativo”.
Según esta organización, la ley de biodiversidad atenta contra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca de los derechos de los pueblos indígenas, pues ellos son poseedores legales de las ANP y pasarían a un segundo plano ante funcionarios que tendrían la posibilidad legal de tomar decisiones sobre la explotación de recursos naturales.
Asimismo, advirtió que da pie a que se flexibilice el régimen de protección de las ANP, los cual es un “evidente retroceso en relación con lo que hoy ofrece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), que posibilita que “en los santuarios sólo se permitirán actividades de investigación, recreación y educación ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área”.
Por lo anterior, se pronunció en contras de las “regresiones a las leyes ambientales mexicanas”, la “explotación minera a cielo abierto dentro de las ANP”, “la industria turística depredadora” y “la privatización de las ANP”.
En cambio, exhortó a proteger las “artes de pesca artesanal y sustentable” y defender “la sabiduría y utilización sostenible que realizan con la naturaleza nuestras comunidades indígenas”.
Morena acusa aprobación ilegal del dictamen
El pasado viernes, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados acusó que fue ilegal la aprobación del dictamen de la Ley General de Biodiversidad, por parte de los legisladores del PRI y PVEM en la Comisión de Medio Ambiente, por lo que pidió a la Mesa Directiva regresarlo a este grupo para su discusión.
La diputada Josefa González Blanco, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como titular de Medio Ambiente, aseveró que dicha legislación daría a las empresas transnacionales control sobre la diversidad genética del país y permite el despojo a las comunidades indígenas.
Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara Baja, Virgilio Caballero Pedraza, consideró que busca legalizar la explotación minera y la práctica de extracción de hidrocarburos mediante el fracking o fractura hidráulica en áreas protegidas.