Elia Tamayo Montes, madre del menor que murió en Chalchihuapan por una bala de goma, afirmó que la perredista Roxana Luna Porquillo “traicionó” a los pobladores y sólo buscó beneficiarse tras comentar que el caso se cerró tras indemnizarlos.
En rueda de prensa realizada en Puebla capital, acompañada de Araceli Bautista Gutiérrez, representante social de esa junta auxiliar, manifestó que si bien recibieron la indemnización fue porque en el gobierno del estado, en ese entonces con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, “los tenia presionados”.
Aseveró que Enrique José Flota Ocampo, quien se desempeñaba como fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, ahora titular de la Fiscalía Anticorrupción, fue el que estuvo a cargo del caso Chalchihuapan y amenazó con volver meter preso a Jairo Javier Montes Bautista, edil auxiliar de esa demarcación, quien había sido liberado en septiembre de 2016, después de dos años en prisión.
“Fuimos presionados por el gobierno del estado, nos tenían entre la espada y la pared, lo que quise fue que saliera Javier porque él sin haber hecho algo lo encarcelaron, y los verdaderos asesinos están libres y por todo eso no hay castigo”, pronunció.
Ante la pregunta sobre qué piensa de que Luna Porquillo se sumó a la coalición “Por Puebla al Frente”, siendo candidata a diputada federal, Tamayo Montes sostuvo que “ha traicionado” a los pobladores de Chalchihuapan, pues “se nombra” luchadora social, pero no lo demuestra.
Añadió que la perredista al estar “con los asesinos” la hace ser cómplice de los hechos, ya que sólo “le gusta el dinero”, pues si realmente fuera una activista y luchadora social debería de alejarse del grupo político que permitió la represión en esa demarcación.
En ese tenor, pidió a las autoridades estatales y municipales atender el tema de la inseguridad que se tiene en Puebla, pues –dijo— es un problema que ya está desbordado, “ya no queremos ver más muertos, ya que pare esto”.
Roxana “entregó” a edil de Chalchihuapan
Por su parte, Gutiérrez Bautista también reprobó las declaraciones de Luna Porquillo, quien busca el distrito federal 12 de la Angelópolis, ya que subrayó que “el caso no se cerró” por voluntad de los pobladores, sino porque “no les quedó de otra” ante las presiones de las autoridades.
Asimismo, aseveró que la perredista es la culpable de la detención del 20 de noviembre de 2014 en la comunidad de San Juan Amecac, contra Montes Bautista, pues “fue ella” quien lo entregó a los policías ministeriales.
Y es que, derivado de la represión a dicha junta auxiliar, el edil solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que derivó en la recomendación 2VG/2014 por “las graves violaciones” a los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan.
Además de que quiso “entregar” el movimiento que había conformado al morenovallismo a cambio de una diputación para su hermano Vladimir Luna Porquillo, y que al final derivó en que ella consiguiera la candidatura a la gubernatura de Puebla en 2016.
“Qué lástima, porque ella es mujer al igual que nosotras pero no es posible que de esa manera este tipo de personas nos venga a enlodar a todas las mujeres, da vergüenza que ella diga ser defensora de derechos humanos cuando fue una de las causantes”, expresó.
Sostuvo que “no se permitirá” que vuelva a utilizar el caso de Chalchihuapan para que volteen a verla en busca de una diputación federal.
“Señora Roxana, cómo puede decir que ya los perdonó, si a usted no le hicieron nada, lo único que ha tenido son beneficios”, cuetionó.
Barren “corrupción” afuera del ayuntamiento
Posteriormente a la rueda de prensa, Tamayo Montes y Gutiérrez Bautista, acompañados del exedil auxiliar de la Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano y el representante legal Hilario Gallegos Gómez, se apersonaron a la puerta del palacio municipal de Puebla, en donde tiraron volantes al suelo con la cara del exmandatario poblano, Rafael Moreno Valle Rosas, su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo y Luna Porquillo.
Esto último, explicaron, es para “barrer” la corrupción que hay en el estado como en su arranque de campaña a la gubernatura, en abril de 2016, lo hizo la perredista a las afueras de Casa Aguayo.
Cabe mencionar que una de las 11 recomendaciones emitidas en el expediente 2VG/2014 por la CNDH en septiembre de 2014 era la indemnización económica, la cual, de acuerdo con el gobierno estatal, se tasó con parámetros internacionales, por lo que se otorgó un millón 700 mil pesos.
