Condenan partidos proyecto de regulación de propaganda en Puebla
Condenan partidos proyecto de regulación de propaganda en Puebla. Foto: Héctor Llorame

Condenan partidos proyecto de regulación de propaganda en Puebla
Condenan partidos proyecto de regulación de propaganda en Puebla. Foto: Héctor Llorame

Siete de los nueve partidos políticos con registro nacional reprobaron el proyecto del INE y el ayuntamiento de Puebla que contempla cobrarles mil 500 pesos por cada diez mil folletos que repartan, así como aplicarles multas que van de 17 mil a 280 mil pesos.

Con excepción del Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), el resto de fuerzas políticas hicieron a un lado sus diferencias por un momento y se unieron para echar abajo la iniciativa que busca regular la propaganda electoral, con el fin de evitar la contaminación visual durante los tres meses de campaña federal que comenzará este viernes.

En los asuntos generales de la sesión ordinaria de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) llevada a cabo este jueves, sería aprobado el dictamen, sin embargo, antes de que fuera votado, los representantes de los partidos políticos señalaron que desconocían el documento, así que se leyó un resumen y después llegó el rechazo mayoritario.

PRI, PAN, PRD, PVEM, Panal y Morena coincidieron en que el proyecto era excesivamente restrictivo, resultaba ilegal porque contradice la Ley Electoral Federal y acusaron que fue hecho a espaldas de los partidos.

Denunciaron que además el ayuntamiento y el INE excedieron sus facultades, así como “tergiversaron” los conceptos de propaganda y publicidad para regularlos como si fueran lo mismo.

Informarían colocación de propaganda

Y es que de acuerdo al resumen que se leyó, el proyecto obligaría a los partidos políticos a decir cuántas bardas serían rotuladas para promover candidatos e informar su ubicación exacta en el municipio y el nombre de los propietarios.

Incluso, tendrían que notificar cuántos particulares accedieron a colocar lonas, pendones o calcomanías en sus viviendas y dar sus direcciones, sin importar que se encontraran en la periferia de la ciudad.

Todo esto causó el enojo de los partidos políticos, que consideraron absurdo que todo esto de por sí ya se deba reportar al INE para que lo fiscalice, como para que adicionalmente se deba dar parte al ayuntamiento.

Catalina López Rodríguez, representante del PRI, calificó el dictamen como “un horror, un abuso y una atrocidad”, porque aseguró que además de ser excesivo, el gobierno municipal ni siquiera informó o pidió la opinión de su partido.

Jorge Luis Blancarte Morales, de Movimiento Ciudadano (MC), arremetió contra el INE y los consejeros por avalar el proyecto a espaldas de los partidos en una reunión que promovió el propio presidente de la junta local, Marcos Rodríguez del Castillo.

Reclamó que además se trató en engañar a las fuerzas políticas, porque el año pasado firmaron un convenio donde se comprometieron con el ayuntamiento a no colocar propaganda en el Centro Histórico, pero sin permiso se modificó ese documento y se le agregaron las regulaciones que ahora se pretendían aprobar.

Óscar Pérez Córdoba Amador, del PAN, precisó que a la reunión donde se formuló el proyecto fueron convocados únicamente los representantes distritales de los partidos políticos que, ignorantes de la importancia del tema, lo avalaron sin reservas.

INE se deslinda

El consejero Alfredo Domínguez Buenfil defendió que los consejeros también “desconocían” el proyecto, así como sostuvo que tampoco fueron invitados a su elaboración y solamente la presidencia de la junta local sabía del tema.

En su defensa, Rodríguez del Castillo rechazó lo dicho por Blancarte Morales respecto a que él organizó la reunión, ya que aseguró también “fue invitado”, pero reconoció que “no pudo ir”.

Pero justificó que de todas maneras sí tuvieron acceso los representantes de los partidos, así que su desconocimiento del documento se debía a que no acudieron.

Para calmar el descontento, se comprometió a programar una reunión con Gabriel Navarro Guerrero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, para llegar a un acuerdo.

En esto estaban cuando el panista Córdoba Amador volvió a pedir la palabra para señalar que sí era necesario debatir el tema, pero enfatizó que de forma “seria”, al tiempo que exhibió que el consejero Gerardo Sánchez Yanes se encontraba jugando un videojuego en su teléfono, lo cual fue filmado y compartido en redes sociales.

“Se necesita un debate serio; el consejero Gerardo Sánchez está jugando. Si aquí no hay seriedad, ¿qué podemos esperar?”, denunció.

El acusado no dijo nada y guardó su teléfono, tras lo cual se declaró el cierre de la sesión, con la posibilidad de que el proyecto de regulación será modificado o desechado.