Congresistas de Estados Unidos urgieron al gobierno mexicano mostrar avances y fincar responsabilidades en la investigación sobre el supuesto espionaje de Estado –realizado entre 2015 y 2016– a periodistas, activistas y políticos mediante el software Pegasus.
Lo anterior, a través de una carta enviada al embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández, a quien expresaron su preocupación porque, a nueve meses de revelarse el caso, “no parece que haya voluntad” para proceder de forma “transparente, exhaustiva e imparcial”, a fin de “llevar ante la justicia a cualquier funcionario o agencia involucrada en el asunto”.
Señalaron que la Procuraduría General de la República (PGR), que habría adquirido Pegasus en 2014 por 32 millones de dólares, se niega a investigarse a sí misma, lo cual resta credibilidad a toda indagación de este organismo sobre el caso.
En este sentido, exhortaron al embajador a proporcionarles “información sobre los planes del gobierno de México para atender las preocupaciones de las víctimas del espionaje, garantizar que todas las líneas de investigación (…) sean agotadas y asegurar que las víctimas y sus abogados se mantengan informados sobre avances en el caso”.
La misiva está firmada por 11 integrantes de la Cámara de Representantes del Congreso de Estado Unidos, encabezados por el legislador demócrata Alan Lowenthal.
Denunciaron periodistas, activistas y políticos
Cabe recordar que, a partir del 19 de junio de 2017, organizaciones civiles exhibieron el presunto espionaje gubernamental, se ha revelado que los dispositivos de al menos 76 periodistas, como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, recibieron mensajes con enlaces a noticias apócrifas, cuya activación permitía el acceso del malware a sus datos personales.
Asimismo, políticos como la priista Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, y el panista Ricardo Anaya Cortés, hoy candidato presidencial del “Por México al Frente” (PAN, PRD y MC), también denunciaron haber sido víctimas de este tipo de ataques.
Por estos hechos, la PGR inició una carpeta de investigación y solicitó el apoyo del Buró Federal de Investigación (FBI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
No obstante, en febrero de 2018, el FBI negó asistencia al gobierno mexicano en el caso, pues consideró que contribuiría a legitimar una investigación que carece de credibilidad.
Editado por Luis Alberto Palacios
