En el tema sobre asignación y contratación de publicidad oficial de cada uno de los Gobiernos de las entidades, en el caso de Puebla no proporcionó nombre de medios contratados, concepto, campañas y montos correspondientes al periodo de 2014 a 2017.
Además de Puebla, otros estados que no respondieron a la solicitud de información en este tema hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fueron Chihuahua, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Así lo dio a conocer la ONG, en su “Informe Especial Sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial”, en el que indicó que otro punto débil de la entidad poblana, fue en el tema del procedimiento de evaluación del gasto, ya que el análisis reveló que entregó información parcial, incompleta e insuficiente.
Respecto a los datos de Puebla, en el tópico de parámetros y condiciones que determinan la contratación y asignación de publicidad oficial fueron calificados por la CNDH, como información insuficiente, incompleta o parcial.
En contraste, el reporte señaló que el estado, cumplió con remitir al portal de obligaciones de transparencia local, el presupuesto aprobado y ejercido para el pago de publicidad oficial 2014 a 2017.
Normatividad y regulación
De acuerdo con el reporte de la CNDH, respecto a las normas o criterios para la contratación y asignación de la publicidad oficial en Puebla, la entidad proporcionó información que no contiene o no se relaciona específicamente con lo solicitado.
Lo mismo ocurrió en el tema de las propuestas legislativas para regular y supervisar la contratación de publicidad oficial.
Mientras que en la publicación de los gastos en medios de comunicación, Puebla fue de los estados que sí cumplió con la información requerida.
Deben buscar objetividad y transparencia
La ONG puntualizó que el objetivo de la publicidad oficial es un canal o medio de comunicación entre el gobierno y la sociedad para informarla, a fin de que ésta pueda participar activamente en la toma de decisiones.
Para lograr tal fin, es necesario que la asignación y contratación de publicidad oficial por parte de los gobiernos sea objetiva, clara, transparente y no discriminatoria.
