El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU examina el cumplimiento que México tiene con respecto a dichas garantías individuales, mientras, la sociedad civil ha señalado que el Estado ha cometido omisiones en su reporte oficial.
En Ginebra ha dado comienzo la revisión de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales también conocidos como Desca, con ello, el gobierno mexicano ha presentado un reporte oficial, el cual, de acuerdo con el Informe Alternativo conjunto sobre los Desca, realizado por la sociedad civil, contiene omisiones.
El documento de la sociedad civil tiene por fin difundir las acciones y omisiones del Estado mexicano y los actores no estatales con respecto a los derechos ya mencionados.
El informe, producto de una investigación de tres años, se conforma de 20 capítulos con temas que van desde igualdad y equidad de enero, derecho a condiciones satisfactorias de trabajo, entre otros.
La publicación no sólo busca visibilizar la situación de los Desca en México, sino que propone recomendaciones al Comité en Ginebra para incluirlas en sus observaciones a México.
El documento establece en su resumen del capítulo número uno: “el despojo de tierras en gran parte de los territorios rurales afecta de manera especial a las poblaciones indígenas, por su vínculo particular con el territorio y su vida social, cultural y organizativa basada en la posesión y administración de la tierra de forma comunal”.
Ingresos no se destinan a derechos económicos
En la segunda sección se puede leer que la reforma energética es: “una de las más claras expresiones del modelo de desarrollo extractivista que se impulsa en el país, generador de oportunidades para negocios nacionales y trasnacionales basados en la sobreexplotación de los bienes naturales, que incurre en el despojo y múltiples violaciones a los derechos humanos”.
Asimismo, se especifica que: “el incremento de los ingresos del Estado producto de la reforma hacendaria no se ha destinado de manera prioritaria la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
El texto, que también abarca temas como migración y desplazamiento forzado, señala que en México hay al menos 310 mil 527 personas desplazadas, así como asevera que en 2016 hubo por lo menos 29 sucesos de movimientos forzados masivos y 20 más como consecuencia de la violencia en el país.
Aunado a lo anterior, el grupo de investigación aseveró que el número de personas que han solicitado el estatus de refugiado a México ascendió a 8 mil 781 en 2016.
La sociedad civil ha revelado que: “el Estado ha implementado una estrategia de contención migratoria, comenzando por la privación de la libertad, o bien, que las personas sean deportadas sin conocimiento de que podrían solicitar protección internacional”.
Otro de los temas que se analizan es la condición de los trabajadores mexicanos, por ello, en la sección de derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo se establece: “al cierre de 2016, el 40 por ciento de los trabajadores subordinados remunerados percibían un ingreso menor a dos salarios mínimos, 45 por ciento labora sin prestaciones y el 13 por ciento se encontraba en condiciones críticas de ocupación”.