El Senado debe evitar la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación y el nombramiento de su titular en un “albazo legislativo”; asimismo, urge que nombre a 18 magistrados anticorrupción faltantes, pero bajo el principio de parlamento abierto.
Así lo exigieron este lunes, en conferencia conjunta, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Mariclaire Acosta Urquidi, y Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), quienes advirtieron sobre la posibilidad de que la Cámara Alta apruebe dicha legislación al vapor y nombre a un fiscal sin el perfil idóneo.
Señalaron que, puesto que la minuta de ley ya fue remitida por la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dominante en el Senado, podría aprobarla por mayoría, lo que tendría “consecuencias graves” para la procuración de justicia, ya que no existen las condiciones para garantizar la autonomía del nuevo organismo.
Lo anterior, debido a que, pese a que el Congreso de la Unión ya aprobó una reforma del artículo 102 constitucional para eliminar el pase automático del procurador en funciones al puesto de fiscal general, sólo tres, de las 17 entidades requeridas para hacerla efectiva, han aprobado la modificación.
Por su parte, Acosta Urquidi subrayó que el Senado debe designar cuanto antes a los 18 magistrados especializados que sancionarán las conductas graves de funcionarios en casos de corrupción, pero mediante un proceso de votación abierta.
Respecto al auditor superior de la Federación, sostuvo que la Cámara de Diputados debe ceñirse al mismo principio para nombrarlo, ya sea con la actual terna o con otra que pudiera conformarse.
Asimismo, leyó un pronunciamiento de 20 Comités de Participación Ciudadana estatales, que exhortan al Ejecutivo federal, al Congreso y a los poderes locales a completar los nombramientos que faltan para que el SNA funcione a nivel federal y local.
Editado por Luis Alberto Palacios