El Proyecto Integral Morelos (PIM), que contempla la construcción y operación de una central termoeléctrica de ciclo combinado, un gasoducto y un acueducto, violó el derecho a la consulta libre e informada de pueblos indígenas en Puebla, Tlaxcala y Morelos.
Así lo consignó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 3/2018, donde señala que el PIM provocó inconformidades en los 27 municipios que abarcará en los tres estados mencionados, las cuales no fueron atendidas por las autoridades federales correspondientes.
Los habitantes de estas demarcaciones –refiere— reclamaron repercusiones al medio ambiente y la cercanía con el volcán Popocatépetl, así como la omisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cumplir con el derecho a la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas.
El PIM consta de dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos, concesionadas a la empresa española Abengoa; un gasoducto de 160 kilómetros de longitud, que pasaría por las faldas del Popocatépetl, a través de más de 60 comunidades campesinas de dichas entidades, concesionado a las españolas Elecnor y Anagas, así como a la italiana Bonatti.
Asimismo, incluye una línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación Yautepec, y un acueducto de 12 kilómetros que pretende trasladar 50 millones de litros de agua diaria a las termoeléctricas, del municipio de Ayala a Huexca.
CFE, Semarnat y CDI, las responsables
Tras una investigación, la CNDH acreditó que la Semarnat difundió el proyecto sólo mediante internet y la CFE no realizó la consulta correspondiente, lo que resultó ”inaccesible e insuficiente” para dar cuenta del proyecto y sus implicaciones a la población en las localidades afectadas, pues estas presentan niveles de marginación de altos a muy altos.
Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) también tiene responsabilidad por no atender el reclamo de indígenas nahuas del municipio de Nealtican, Puebla, respecto a dicha obra.
Concluyó que dichas instancias incurrieron en falta de armonización de la normatividad vigente con el artículo primero constitucional, poca coordinación interinstitucional, desconocimiento de normas nacionales e internacionales, así como insuficiente supervisión para garantizar el acceso a los mecanismos de participación de los pueblos y comunidades indígenas.
Deben analizar y vigilar impacto del proyecto
Por lo anterior, el organismo recomendó al titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, instruir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para que vigilen el cabal cumplimiento de los términos de las resoluciones en materia de impacto ambiental y supervisen las condiciones de seguridad en la puesta en marcha y operación del PIM.
Además, dicha dependencia y la CFE deberán solicitar que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el Centro de Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la BUAP, el Instituto de Geofísica de la UNAM y las unidades de protección civil estatales y municipales formen un grupo de trabajo que evalúe si el PIM cumple con las especificaciones técnicas y en materia ambiental previstas para obras de esa naturalezal.
Al titular de la CFE, Jaime Francisco Hernández Martínez, le requirió atender las recomendaciones pendientes de la infraestructura del PIM durante su vida útil; cumplir con el Plan Integral de Seguridad y Protección Civil y el Plan de Respuesta a Emergencia, con apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil y, en su caso, considerando las recomendaciones del grupo de trabajo, se cree un programa específico de protección civil.
Al director General de la CDI, Roberto Serrano Altamirano, le solicitó emitir una circular, dirigida al personal de esta comisión, para que, cuando conozca hechos como el presente, los someta a consideración de la instancia que se designe, para que asesore y garantice el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.