Un intento de desalojo de 25 familias en una vecindad ubicada en la calle 8 oriente número 416, en el Centro Histórico, provocó un breve enfrentamiento entre miembros de Antorcha Campesina y policías estatales, pues los inconformes afirmaron que no les notificaron.
El hecho se dio alrededor de las 12 del día cuando cuatro camiones de mudanza llegaron al citado inmueble para trasladar las pertenencias de las habitantes, lo que género empujones entre los uniformados para impedir que se llevaran las cosas.
El alboroto tardó alrededor de tres horas, tiempo en el que el ambiente se volvió tenso para las personas que viven en las casas aledañas y las que trabajan en los comercios de la zona, mientras que la vialidad fue cerrada a los automovilistas.
Fue hasta que los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo para que los policías del Grupo de Atención y Reacción Estratégica Policial (Garep), que iba con equipos antimotín, se retirara del inmueble.
Aunque algunos vecinos reconocieron que no pagan renta porque el propietario del inmueble falleció desde hace 5 años, señalaron que el abogado que llegó con la orden de desalojo no acreditó quién es el dueño de la vecindad, por lo que se negaron a salir.
No fueron notificados, abogada
En entrevista, la defensa legal de la familia, Gabriela Covarrubias, manifestó que las habitantes de la vecindad, entre niños, jóvenes y adultos, algunos con 10 años ya viviendo en el inmueble, no fueron notificados de la orden judicial, por lo que no actuaron conforme a derecho.
Refirió que se entrevistó con el representante legal del supuesto dueño y le mencionó que llevaba una semana de retomar el asunto, pero no le dijo el nombre del mismo, sin embargo, atribuyó a que es un corporativo jurídico el que está detrás de este hecho.
“Si nos hubieran mandado algún oficio hubiéramos dado contestación, ahorita las personas regresan a su vivienda, al parecer esta intestado, voy a checar jurídicamente porque nunca nos hicieron llegar notificación hasta ahorita se presenta un supuesto dueño”, reiteró.
La litigante insistió en que no podía llevarse a cabo el desalojo, porque antes tuvo que haber un juicio entre los denunciantes y los denunciados, así como se tuvo que haber notificado, lo cual –afirmó– ninguna de las dos cosas pasó.
