En el Congreso de Puebla se demandó modificar el código penal para eliminar la prescripción en homicidios de mujeres, violación y feminicidios, que actualmente permite a los sospechosos dejar de serlo si los agraviados abandonan el caso por un tiempo.
También se propuso eliminar la figura jurídica cuando los acusados estén vinculados a proceso por reincidencia o si se trata de personas que ya cumplieron una sentencia por un delito similar.
Esto bajo el supuesto de que los familiares de las víctimas pueden dejar el proceso legal por varias razones, ya sea falta de recursos económicos o asesoría legal e incluso por amenazas por parte de los agresores.
De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, la prescripción “es un modo de extinguir la responsabilidad penal por el simple transcurso del tiempo”, es decir, se aplica cuando la parte acusadora no presenta en un lapso de tiempo las pruebas necesarias para que los probables responsables sean vinculados a proceso.
Esta figura existe para todos los delitos, pero tiene una vigencia diferente para cada uno. Por ejemplo, cuando se trata de una falta menor, que se puede pagar con una multa, el imputado puede hacer valer la prescripción después de un año si no se le comprueba el crimen, es decir, deja de ser catalogado como sospechoso por falta de pruebas.
En un delito grave, que puede ser castigado con prisión, la prescripción se puede hacer válida solo después de dos años o incluso hasta que pasen la mitad de lo que duraría la sentencia en caso de que se encontrara culpable al probable responsable.
Incluye a congresos de otros estados
La iniciativa presentada este miércoles en un punto de acuerdo pretende que en homicidios dolosos de mujeres, violaciones y feminicidios se elimine la prescripción y que los sospechosos lo sigan siendo sin importar el tiempo que duren las investigaciones o si el proceso se alarga por abandono de las víctimas o por falta de pruebas por parte de los Ministerios Públicos.
La propuesta fue hecha por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González Cervantes, y no se limita solo al estado de Puebla, sino que busca exhortar al Congreso de la Unión y a los del resto del país a que también reformen sus códigos.
Su petición fue turnada durante la sesión del pleno a la Comisión de Impartición de Justicia, para que sea analizada, modificada y, en su caso, aprobada.
Por otro lado, los diputados aprobaron por mayoría, con un voto en contra y dos abstenciones, la licencia por tiempo indefinido mayor a 30 días que pidió el panista Jorge Aguilar Chedraui, quien dejó su cargo para buscar la diputación federal por el distrito 9, con cabecera en la capital.
Aprueban renuncia de magistrado del TSJ
También se aprobó la renuncia de José Saúl Gutiérrez Villareal como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), luego de que fue señalado de corrupción tras la llegada de Héctor Sánchez Sánchez como nuevo presidente del organismo, en sustitución de Roberto Flores Toledano.
Con 33 votos a favor y dos abstenciones se avaló su separación del cargo, presentada por él a la Comisión de Gobernación el pasado 15 de febrero.
Por su parte, el presidente municipal de Quecholac, Néstor Camarillo Medina, notificó que se reincorporó a sus labores el 22 de febrero, luego de que pidió licencia un mes para buscar en el PRI la candidatura a una diputación local.
Además, la síndica municipal y los regidores del ayuntamiento sustituto de Tlacotepec remitieron un oficio en el que solicitaron “la separación definitiva del encargo que desempeñaban los exfuncionarios destituidos”, pero no se dio a conocer el motivo.
En entrevista posterior a la sesión, el presidente del Congreso, Carlos Martínez Amador, descartó que se trate de un conflicto entre los nuevos y los anteriores funcionarios y minimizó que la solicitud sólo fue un “formalismo”.
Sostuvo que el nuevo Cabildo ya rindió protesta y ya está en funciones desde hace dos semanas, cuando notificó de su llegada al cargo por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).