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Con ley o sin ella: seguridad interior, desarrollo y Constitución

Mientras más pasan los días y la Suprema Corte atrasa su dictamen sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, el vacío legal ha impulsado a los grupos criminales a aumentar su estrategia de tensión.

La Ley aprobada por las dos cámaras fue promulgada el 21 de diciembre del año pasado y han pasado más de dos meses en que quedó congelada hasta que la Corte dictamine las controversias constitucionales.

En la ceremonia del Día del Ejército el pasado lunes 19 de febrero, el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda hizo un recordatorio que debió de haber sido leído con atención en los pasillos de la Corte: “las misiones que cumplimos tienen fundamento indiscutible en la Carta Magna”.

Esta frase sencilla y simple podría desenredar el nudo político de la Ley de Seguridad Interior en el dictamen de la Corte. El concepto de seguridad interior y la facultad presidencial de decidir sobre ella es una función constitucional desde la constitución de Cádiz de 1812.

La Constituciones independientes reconocieron la facultad constitucional del presidente de la república de “disponer” de la fuerza armada para “la seguridad interior”: la de 1824 lo señala en la fracción X del artículo 110, la de 1987 en la fracción VI del 85 y la de 1917 en la fracción IV del 89. Por tanto, no debería existir duda de tres puntos legales: sí hay constitucionalidad en seguridad interior, la facultad es del presidente de la república como “comandante supremo” de las fuerzas armadas –tiene el cargo de general de cinco estrella– y las fuerzas armadas fueron movilizadas contra el crimen organizado cuando la seguridad civil fue rebasada.

El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 y la Ley de Seguridad Interior definen la seguridad interior como una situación de estabilidad para el desarrollo y el bienestar. Lo dijo el 19 de febrero el general secretario Cienfuegos Zepeda: “la conjunción estos preceptos legales permiten al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea llevar a cabo tareas que tienen como fin primordial generar las condiciones de certeza para el desarrollo de México”.

Las fuerzas armadas no han derrocado gobernadores, no han suplantado secretarios de Estado, no son alcaldes de facto, no han sustituido jueces, no han disuelto partidos; su accionar ha sido para encarar a grupos criminales que las instituciones formales no han podido vencer o han sido penetradas por los intereses delincuenciales.

En este contexto se deben asumir las breves frases del general secretario para recordar que la seguridad interior –decisión presidencial de usar fuerzas armadas cuando la seguridad pública ataca la soberanía del Estado y sus instituciones– es simple y sencillamente una facultad constitucional.

El retraso en la formalización de la LSI en la Corte no tiene una explicación porque con Ley promulgada pero paralizada hasta resolver controversias el crimen organizado ha escalado su desafío al Estado: el secuestro, tortura y asesinato de dos policías de la PGR por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación fue una declaración de guerra de ese grupo criminal contra las instituciones del Estado.

Lo de menos sería que las cosas quedaran igual y que el presidente de la república siga usando las fuerzas armadas apoyado en la fracción IV del 89 constitucional. La LSI es la garantía de certeza jurídica de las fuerzas armadas para combatir adversarios del Estado.

Política para dummies: La política es la lucha por el poder por cualquier vía, y lo demás es demagogia.

Sólo para sus ojos:

· La famosa trama rusa en los Estados Unidos comienza a salpicar. Hay datos que revelan que algunas marchas contra Trump fueron operadas por rusos al servicio de Putin y que en una de esas marchas participó al frente el documentalista Michael Moore. O sea, que el “oro de Moscú” está salpicando a disidentes estadunidenses.

· De nueva cuenta el INE fue rebasado por López Obrador y sus discursos religiosos que están prohibidos por las leyes. Y las denuncias contra Ricardo Anaya por triangulación y lavado de dinero sí están dañando al candidato panista; en los pasillos del poder se habla que el PRI quiere que la final sea AMLO-Meade.

· Poca atención a las negociaciones del Tratado de Comercio Libre; y ahí México va perdiendo porque carece de iniciativas y no tiene el objetivo de aumentar componente nacional en productos exportados, para quedar como un maquilador vergonzante.

· Famosas últimas palabras: “ya no quiero usar la mafia del poder, quiero usar un término más suave, el grupo de corrupción”: Andrés Manuel López Obrador.

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*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.

Sobre Carlos Ramírez

Carlos Ramírez
Periodista desde 1972, Mtro. en Ciencias Políticas (BUAP), autor de la columna “Indicador Político” desde 1990. Director de la Revista Indicador Político. Ha sido profesor universitario y coordinador de diplomados. Cuenta con diversos reconocimientos por su labor y trayectoria periodística y su columna se publica en 24 entidades del país.
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