Filipp Grandi, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se refirió a Latinoamérica diciendo que: “ninguna otra región se han tenido más historias de éxito de la inclusión e integración de refugiados”.
En Brasilia, Brasil, se realizó la consulta regional de América Latina y el Caribe de cara al Pacto Mundial por los Refugiados, donde representaciones de estados, organismos internacionales y la sociedad civil se reunieron para identificar los retos que la movilidad humana ha provocado en dicha región.
Ahí, Grandi admitió que: los países en las Américas están mostrando cómo los refugiados pueden ser apoyados mediante alianzas que involucren “a municipalidades locales, el sector privado y los refugiados por sí mismos”.
Admitió que esta región del mundo ha sido pionera en garantizar a los refugiados el derecho a un trabajo, así como los servicios básicos; previo a este encuentro, se realizaron eventos subregionales, por ejemplo en Buenos Aires Argentina, donde un conjunto de países principalmente vecinos, ha compartido sus experiencias.
A la par de esta reunión, estuvo la revisión del Plan de Acción de Brasil (PAB) signado por 28 países de Latinoamérica que proponen fortalecer la protección para las personas en movimiento.
Derivado del encuentro, se ha formulado un informe con el que la sociedad civil ha jugado un papel importante.
El Garpab y su función
El PAB es monitoreado por la sociedad civil desde un colectivo denominado Grupo Articulador Regional del Plan de Acción Brasil (Garpab), el cual ha publicado en su evaluación que Costa Rica diseñó un “marco normativo sólido para la determinación de la apatridia”.
El Garpab ha aplaudido que Chile cuente con un programa “para reconocer a los hijos de los extranjeros en tránsito”, pero, señalaron que República Dominicana y las Bahamas han hecho poco para cumplir con lo estipulado en el PAB.
Asimismo, los eventos han servido para evidenciar la situación que viven los venezolanos quienes abandonan su país en búsqueda de alimentos, empleo y medicinas.
Mediante un documento firmado por 51 organizaciones civiles, se ha hecho un llamado que expresa: “manifestamos nuestra profunda preocupación por la grave situación que atraviesan cientos de miles de personas que se han visto forzadas a salir de Venezuela en los últimos años”.
El colectivo urgió a los Estados a: “implementar una respuesta integral que esté basada en el principio de responsabilidad compartida… adoptar medidas tendientes a brindar un trato humanitario y respuestas de protección internacional a personas procedentes de Venezuela… Abstenerse de adoptar medidas que limiten, vulneren los derechos humanos o pongan en riesgo el principio de no devolución”.
La representación mexicana que asistente al evento dio a conocer que, de las 14 mil 596 solicitudes de asilo presentadas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en México, quedan por resolver 7 mil 719, lo cual calificaron como una “falta de efectividad”.
