ONGs documentan prácticas de “fabricación” y “opacidad” de autoridades
ONGs documentan prácticas de “fabricación” y “opacidad” de autoridades. Foto: Especial

ONGs documentan prácticas de “fabricación” y “opacidad” de autoridades
ONGs documentan prácticas de “fabricación” y “opacidad” de autoridades. Foto: Especial

Diversas organizaciones civiles, documentan seis casos de violaciones graves de derechos humanos, al extenderse la discusión que abrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 20 años, sobre la prácticas de “fabricación” y opacidad de las autoridades mexicanas.

A veinte años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará una discusión sobre la verdad en la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero a manos de policías, en la que sancionó dicho crimen.

Según la sentencia de la Suprema Corte, las autoridades mexicanas, tenían la “propensión” a entregar “información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas”, impidiendo que la sociedad conozca la verdad de hechos como los de Aguas Blancas, sucesos “de enorme importancia y trascendencia” pública.

Actualmente, las siete organizaciones sin fines de lucro encargadas de la investigación “Derecho a la verdad en México. Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos”, señalan que la discusión que abrió la Suprema Corte de Justicia, ya hace dos décadas, se ha extendido considerablemente y, a la vez, las prácticas de “fabricación” y opacidad que se condenaron no se han extinguido.

Señalaron que a la masacre de Aguas Blancas se han sumado otros episodios y, si bien el marco legal mexicano ha reconocido expresamente un derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad —definido como el derecho a conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones de los derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión—, existen reclamos en torno a éstos, similares a los que la Corte condenó hace años: maquinaciones, ocultamiento, opacidad.

Rubén Espinosa y los 43 de Ayotzinapa

Los casos que se integran el documento elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos y Fundar, Centro de Análisis e Investigación son los siguientes:

El primer capítulo se trata del caso de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por militares mexicanos hace 14 años, cuyo caso llego hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El segundo apartado trata sobre la defensa del derecho a la verdad cuando se cometen ejecuciones arbitrarias. En la tercera parte, se abordan las desapariciones forzadas en Nuevo León ocurridas entre 2006 y 2012.

También se retomó la violencia ejercida contra los periodistas, retomando el homicidio del periodista gráfico, Rubén Espinosa Becerril, hecho en el que también fueron asesinadas la activista Nadia Vera, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete, la modelo Mile Virginia Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

El quinto apartado se titula “Las deudas de la verdad en México, ante el discurso de justicia transicional” y finalmente, en el sexto capítulo se compendia la desaparición forzada ocurrida la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a manos de policía municipal y el ejército, dejando al menos 9 personas fallecidas, 27 heridos Y 43 estudiantes aún sin localizar.