Durante 2017, el 80 por ciento de los asesinatos de defensores de derechos humanos tuvo lugar en solo cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas, de acuerdo con la organización Front Line Defenders, que registró 312 asesinatos en 27 países.
El 67 por ciento de las víctimas defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas.
El Informe anual sobre defensores/ras de derechos humanos en riesgo en 2017, de Front Line Defenders, precisó que 2017 fue testigo del mayor número de asesinatos de defensores/as ambientales y periodistas registrados en México en los últimos años, en medio de una crisis de violencia que se extiende por todo el país.
La investigación agregó que además de este tipo de asesinatos, la criminalización siguió siendo la estrategia más común utilizada para obstaculizar y deslegitimar el trabajo de los activistas, mismas que en su mayoría son interpuestas por los gobiernos y los agentes no estatales.
La mayoría de estos casos reportados a Front Line Defenders en 2017 tuvieron lugar en Perú, Colombia, Guatemala, Ecuador, Honduras y México.
Amenazas de tortura sexual y difamaciones
Las amenazas y ataques recibidos incluían a menudo elementos relacionados no solo con su trabajo, sino también con su género, tales como e amenazas de violencia y tortura sexual, difamaciones en las redes sociales así como ataques dirigidos a familiares o parientes cercanos.. Front Line Defenders recibió información de este tipo de casos de El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, México, Brasil, Colombia, Perú y Honduras.
Respecto a las agresiones cibernéticas contra su trabajo, siendo la técnica más común la de los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) dirigidos a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes. En 2017, Front Line Defenders documentó estos ataques en Brasil, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Guatemala y Nicaragua.
El documento criticó la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Interior en México que permite la intervención de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública es particularmente preocupante por la ambigüedad de la redacción, su probable implementación arbitraria y sus posibles efectos negativos en la protesta social.
