En 2017, las autoridades de los tres niveles de gobierno fallaron en proporcionar seguridad pública y proteger los derechos humanos, pues continúan los casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones, aunados a la promulgación de la Ley de Seguridad Interior.
Así lo manifestó este miércoles Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la presentación del informe anual de actividades del organismo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde reiteró que dicha legislación vulnera libertades básicas.
De acuerdo con el “Informe de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017”, disponible completo en la página de internet de la CNDH, este organismo autónomo “emitió un total de 97 instrumentos recomendatorios”, de los cuales 81 se dirigieron a 62 autoridades estatales por quejas e informidades, cinco por violaciones graves a los derechos humanos, ocho para prevenir la tortura y tres generales.
Respecto a este conjunto, González Pérez detalló ante los legisladores que “se registraron 398 expedientes de queja por detención arbitraria; 319, por tratos crueles inhumanos o degradantes; 464, de negligencia médica; 83, de tortura; 25 casos de privación de la vida, y 21 de desaparición forzada e involuntaria de personas”.
Destaca los casos de más impacto
Entre los casos de mayor impacto, señaló la venta de niños en Sonora, las fosas clandestinas en Cadereyta, Nuevo León, el uso excesivo de la fuerza en el operativo policiaco en Nochixtlán, Oaxaca, y las torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias en Tierra Blanca, Veracruz.
Destacó también los feminicidios, los asesinatos de periodistas, la ejecución del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, los abusos contra migrantes y la trata de personas.
Asimismo, planteó que “los índices históricos de violencia e ilícitos registrados en el periodo, así como la percepción mayoritaria de inseguridad entre la población”, indican que “el entorno de pobreza, exclusión, desigualdad y condiciones de precariedad” han generado “un contexto de violencia, ilegalidad, impunidad y corrupción” que afecta “especialmente a las poblaciones más vulnerables”.
Editado por Luis Alberto Palacios
