En los últimos días, funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y otros corifeos, alertan sobre una supuesta “cancelación de la reforma educativa” y de los daños que su anulación causaría en niñas, niños y adolescentes quienes refieren, tendrían “derecho a recibir una educación de calidad”. Las advertencias partirían lo mismo de Otto Granados, tercer encargado del despacho educativo de la administración en funciones, de Aurelio Nuño, Coordinador de la Precampaña Presidencial del candidato del Partido Revolucionario Institucional, como de asociaciones privadas (Anuies y Mexicanos Primero). Pero, las alarmas que pretenden incidir en la opinión pública con el afán de conseguir votos a favor de su Precandidato, se disparan a través de articulistas que lo mismo denuestan a quienes mantienen una opinión diferenciada a la que comparten con la burocracia educativa escondiendo fines comerciales al defenderla. Tan es así que ni siquiera la burla perdonan, cuando reconocen su vinculación a la reforma, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios profesionales, que les son otorgados para colaborar en procesos de capacitación del personal docente de educación obligatoria, justificándose en la máxima de que “lo que no se evalúa no se puede mejorar“.
Empero, otro tanto de interesados, maestras y maestros en servicio –primordialmente-, pero también investigadores del que-hacer educativo y actores políticos, cuestionan alianzas cupulares, fundamentos de los que partiera la reforma educativa peñista y los procedimientos adoptados para su instrumentación. Exigen su derogación y encuentran eco en un precandidato, quien en los discursos se pronuncia por cancelar a la “mal llamada reforma educativa que nada tiene que ver con la calidad de la enseñanza” y en terminar con la “humillación” a la que sometieron al magisterio y sustituirla por otra; que parta de acuerdos con madres y padres de familia “para hacer una verdadera reforma educativa y mejorar la educación en nuestro país”.
Así planteado, el dilema parecería presentarse en torno a la continuidad o la sustitución de una reforma educativa que quedó en el intento y cuyos únicos triunfos, parecerían concretarse en las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la adición de algunos parágrafos al Artículo 3, mediante los que Diputados y Diputadas, Senadores y Senadoras miembros de las bancadas de los partidos políticos suscriptores del Pacto por México, “aprobarían” la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y del Instituto de Evaluación Educativa -ente que sustituye al Instituto Nacional de Evaluación-. Todas ellas emanadas de la oficina de la presidencia a cargo Nuño y de ahí partirían a la encarcelación de Elba Esther y a la “recuperación de la rectoría del estado en materia educativa”. El resto de rubros, parecería destinado -si bien le va-, a la concreción de una propuesta política que en el menor de los casos, tendría que realizar ajustes, redefinir el modelo y los objetivos a alcanzar, lo mismo que las metas, las estrategias, los plazos y las alianzas requeridas para lograrlo, contenidas las indispensables con quienes tendrían la obligación de instrumentarla.
A 5 años de su promulgación (23 de febrero de 2013) y de que la reforma educativa iniciara sin un acuerdo popular de nación que la República requiere y sin definir en consecuencia, el modelo educativo que para ello fuese pertinente lo mismo que la características a las que debiese responder el personal docente y en consecuencia, transformar planes y programas de estudio de las escuelas normales y los que rigen a la educación obligatoria, contar con la infraestructura escolar adecuada así como con los materiales educativos indispensables. incluidos los tan prometidos nuevos libros de texto gratuito.
Empero, adoptar una posición ante el enfrentamiento por lograr la cancelación o definir la continuidad de la reforma educativa, pasaría por revisar lo hecho y lo logrado por la administración de Peña Nieto.
En primer lugar, la recuperación de la rectoría en materia educativa que tanto ponderan, le costaría al erario casi 2 mil millones de pesos (1 960 mdp) erogados por la SEP durante la administración de Nuño, cuya finalidad sería la de realizar el trabajo sucio para difundir las “bondades” de la reforma educativa, evidenciada por la revista nº 2 150 del semanario Proceso; plazas de administración (subdirecciones en las escuelas) y de supervisión escolar, entregadas al aparato sindical en diversas partes de la república, al margen de los establecido por la LGSPD; lo mismo que posiciones electorales, consecuencia de la alianza nacional PRI-Panal, a costa de la oposición y radicalización de maestras y maestros de la CNTE y de la misma forma, en la entidades gobernadas por la oposición, encabezadas por líderes del SNTE. En segundo término, sería necesario resaltar que la evaluación del desempeño, punta de lanza de la reforma educativa para garantizar “la idoneidad de los docentes“, se habría aplicado al término del 2017 a tan sólo 1 de cada seis de las maestras y maestros de educación obligatoria, cifra que permitiría calificarla como un fracaso. En tercer término, la garantía que, de acuerdo al Artículo 3, el Estado ejercería en favor de la calidad de la educación de “manera que los materiales y métodos educativos […]
garanticen el máximo logro de los aprendizajes de los educandos”, continúa siendo una promesa que se cumpliría a partir de iniciado el ciclo escolar 2018-2019 y eso, está por verse. La infraestructura educativa habría mejorado, de acuerdo a cifras oficiales y a reserva de verificarlo, a tan sólo una de cada tres escuelas, generando una deuda pública que las entidades pagarán en los próximos 20 años, mediante una quita pactada al Fondo de Aportaciones Múltiples que le corresponde a cada Estado.
Sin embargo, y a pesar del corte de caja desfavorable, la cancelación de la reforma educativa institucional dependería de una nueva correlación de fuerzas que requeriría que quien ganara la Presidencia de la República, contase con una nueva mayoría calificada para hacerlo. Precisaría si, de cambios profundos que respondieran a un nuevo pacto social en el que participen maestras, maestros, madres, padres de familia, alumnos, alumnas y todos grupos de la sociedad civil interesados.
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