Como fue anunciado el pasado miércoles, 44 senadores, de las bancadas de PT, Morena, PRD y PAN, presentaron este viernes ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de seguridad Interior (LSI), promulgada el 21 de diciembre.
Tras hacer la entrega de la demanda en la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador de la bancada del PT en la Cámara Alta, urgió a los magistrados declarar inconstitucional la nueva legislación, a fin de “reafirmar el equilibrio político del país de inmediato”.
Y es que, según el legislador petista, la Ley de Seguridad Interior, que regula la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública mediante la aprobación del Ejecutivo federal, “rompe el equilibrio de la Constitución, rompe el federalismo y rompe todo el sistema político al militarizar el país”.
Asimismo, recordó que, no sólo en México, sino también a nivel internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, se manifestaron en contra de dicho ordenamiento.
Bartlett minimiza promesas de EPN
Respecto de la declaración del presidente Enrique Peña Nieto, quien prometió aplicar la ley hasta que la Suprema Corte validara la constitucionalidad de la misma, Bartlett la minimizó al señalar que manifiesta que el priista “no estudió derecho”, pues la ley ya está promulgada, a pesar de la oposición social.
El miércoles pasado, cuando anunció la demanda, Miguel Barbosa Huerta, vicecoordinador político de la bancada PT-Morena, señaló que estos partidos argumentan violaciones a los artículos 21, 89 y 129 constitucionales.
Cabe mencionar que, a la entrega de la demanda, firmada por 44 de los 43 legisladores requeridos, acudieron también Ernesto Ruffo Appel, en representación de los panistas, y Luis Sánchez Jiménez, coordinador de la fracción en el Senado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Con esta impugnación, suman cuatro en contra de la LSI, junto con las de San Pedro Cholula, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y diputados federales de oposición.