Las diatribas, las acusaciones de traición a la patria y los insultos vertidos por dos encargados del despacho educativo de la administración de Enrique Peña en contra de quienes cuestionan a la reforma educativa emprendida por la actual administración, tornaría imprescindible el redefinir las características que deberían requerirse -el perfil y las funciones que le son delegadas- a quien desempeñe una de las comisiones más importantes del quehacer público, gobierne quien gobierne.

Las descalificaciones partirían de endilgar al magisterio nacional, a la CNTE y ahora a sus aliados coyunturales, los malos resultados que obtienen adolescentes en evaluaciones externas, realizadas periódicamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos), mediante las que se medirían sus competencias lectoras, matemáticas y científicas y se compararían con los resultados que obtienen sus pares, oriundos de naciones miembros de esta organización. Sucedería lo mismo con las evaluaciones Enlace (Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares) y Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes), aplicadas por la SEP en su momento, a todas y todos las alumnas y alumnos de sexto grado de primaria, tercero de secundaria y a quienes cursan tercer grado de educación media -incluido las y los de bachillerato y los de preparatoria- con idénticos resultados; dos de cada tres de quienes cursaran estudios de media superior se ubicarían en el nivel más bajo de la escala en habilidades matemáticas, lo mismo que 1 de cada 3 en habilidades de lecto-escritura.

Las causas que originarían este desastre, se encontrarían –presuntamente- en la compra-venta y en la herencia de plazas, lo mismo que en la asignación “clientelar” de espacios laborales otorgados automáticamente, a las alumnas y alumnos egresados de las escuelas normales al amparo de las negociaciones políticas sostenidas por la CNTE con diferentes interlocutores. Así, determinada la causa y de acuerdo a diferentes diagnósticos elaborados entre otros organismos internacionales por la OCDE, se debería aplicar una medicina que permitiera corregir los entuertos originados por una alianza histórica “perversa”, sostenida entre las y los trabajadores de la educación y las organizaciones gremiales y hacerse del control político del magisterio por encima de los sindicatos, razones que permitirían aglutinar a diferentes partidos políticos para imponer a través del Pacto por México, nuevas condiciones laborales de excepción, que al afectar los derechos adquiridos por el magisterio nacional -entre ellos el de una plaza de trabajo definitiva-, suscitaran el rechazo de muchas y muchos de los encargados de instrumentar una reforma a la que podría calificarse por lo menos de desfasada.

Las protestas de un sector importante del magisterio nacional escalaron desde gestiones ante las Cámaras de Diputados y Senadores; suspensiones de labores escalonadas; toma de oficinas gubernamentales, plazas públicas y centros comerciales; bloqueos de carreteras y la realización de un paro indefinido que concluyera con una renegociación con la CNTE que implicó la suspensión de la evaluación de permanencia y la renegociación de la asignación automática de plazas mediante mecanismos consensuados.

La finalidad expresada mediante la movilización social siempre fue la misma: derogar el nuevo texto de los Artículos 3 y 73 de la Constitución, reformados a raíz de la suscripción del Pacto por México y lo mismo que la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente. En pocas palabras, acabar con una reforma educativa impuesta y proponer alternativas consensuadas con los sectores de la sociedad interesados en el quehacer educativo, que prioricen los intereses educativos nacionales, regionales y locales sobre los impuestos por organismos internacionales, son cuestiones que son retomadas en el marco del actual proceso electoral y que por afectar la supervivencia de un proyecto bajo su encargo, les concita odios, resquemores y respuestas por lo menos apresuradas y fuera de contexto.

Pero sin duda, un proyecto educativo nacional concertado requeriría de una política educativa diferente a la que han tratado de imponer y de interlocutores -personeros encargados de despacho- que se sitúen por encima de los intereses del gobierno al que representan -a pesar de sus afanes personales- en aras, del interés superior de la Nación. Política educativa en la que se respeten por igual tanto el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a recibir una “educación de calidad“, como el de la estabilidad en el empleo al que tienen derecho quienes se encuentran a su servicio. Proyecto al que se le destinen los recursos humanos y financieros suficientes y a tiempo, que hagan realidad el derecho a una educación gratuita y de “calidad”. Que defina de acuerdo al proyecto nacional acordado, objetivos, metas y estrategias de corto, mediano y largo plazo; proyecto en el que deberían prevalecer los intereses del desarrollo local, regional y nacional por encima de los que propugnan la integración –sin condiciones- a una economía global vulnerada por sus principales promotores. Que dote al estudiantado de las herramientas que exige el mundo moderno, pero también del amor por la defensa común de su país, los recursos naturales y del medio ambiente entre otras causas.

En tanto, los responsables del despacho educativo deberían ser pedagogas y pedagogos con una trayectoria académica y profesional solvente y de preferencia ajenos al vaivén de la política partidaria, con experiencia frente a grupo en escuelas de educación básica ubicadas en las zonas rurales, urbanas y semiurbanas. Conciliadores con quienes se desempeñan como maestras y maestros de banquillo y con la calidad moral para convencer a sus interlocutores para el logro de lo propuesto, con total apego a la legalidad y al mismo tiempo, con una visión de largo “aliento”. A pesar de las especulaciones electorales, se busca un encargado de despacho que goce de esos atributos y de mil más.

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