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Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que cuando uno aterriza en el moderno aeropuerto de esta antigua ciudad del imperio británico, entra a un espacio de modernidad con hoteles de lujo, malls y distribuidoras de automóviles Mercedes Benz. Hace menos de un lustro, el aeropuerto internacional parecía una terminal de autobuses en México y los distritos que lo rodeaban no estaban desarrollados, mezclándose con la incipiente urbanización y los campos de cultivo. El Rangún de la periferia contrasta salvajemente con el centro histórico, donde las calles apestan por los tramos de drenaje abiertos, y los antiguos edificios victorianos llevan décadas sin mantenimiento. El choque de las realidades en esta ciudad es la del país, cuya transición democrática se encuentra atrapada por los militares, a quienes se les señala de ser parte de los momentos más oscuros que vive este país, y con el deseo indómito de querer el poder pleno de regreso.
Los militares, que controlaron el país en forma dictatorial durante 49 años, tras un golpe de Estado 44 años después de proclamarse República, tuvieron que ceder a la presión internacional y celebraron elecciones democráticas en 2015, donde 85 por ciento de la población votó contra la Junta Militar y le dio la victoria a Aung San Suu Kyi, la hija de un general que encabezó la lucha por la independencia en 1948, encarcelada durante 15 años por su activismo opositor, y a quien durante su confinamiento le dieron el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el colapso del régimen militar no se dio.
Pese a la victoria, Suu no pudo asumir la presidencia porque la Constitución prohíbe que una persona casada con un extranjero –como ella, de un inglés–, pueda acceder a ese cargo. Suu es gobernante de facto, salvo por un factor fundamental: los militares tienen garantizado el derecho de nombrar a 25 por ciento del Parlamento, que es suficiente para vetar las enmiendas constitucionales que deseen. Por lo tanto, no puede tener bajo su control al Ejército y, como en todo país, quien no tiene las armas de su lado, no tiene poder real. Esa falta de poder le impide frenar la ‘limpieza étnica’, como definió el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, de la comunidad musulmana de los rohingyas en el noreste del país. Lo que está sucediendo en esa zona del país es un secreto. Ningún extranjero puede viajar ahí y el tránsito de los locales está limitado.
Lo que sucede ahí es típico en esta nación llena de ‘hoyos negros’, que son las zonas donde el acceso está prohibido, y en las cuales se abren las posibilidades para todo tipo de actividad ilegal supeditada a los militares. La mayor se encuentra en el norte y el noreste del país, en los estados de Kachin y Shan, parte de la zona del Triángulo Dorado que comparte con Laos y Tailandia, la segunda región más importante del mundo que produce opio. Su cultivo es realizado por los campesinos que no tienen qué comer ni otra forma de subsistir. Se calcula que más de 335 mil hogares dependen del cultivo de opio, operado por grupos étnicos que mezclan la conflictividad racial con el negocio de las drogas y que, a su vez, están en otra guerra civil con los militares por el control de la producción y sus rutas de distribución y comercialización.
Organismos internacionales estiman que 40 por ciento de las divisas que entran al país vienen del narcotráfico, pero el dinero no ha sacado a millones de la miseria. Hay carreteras en regiones cercanas a esos estados donde se ve a cientos de personas que extienden la mano al paso de los vehículos para ver si alguien se detiene para darles dinero. Miles caminan en chanclas o descalzos, y comen en el suelo, dentro de los templos y pagodas. En contraste, hay jóvenes que se transportan en motocicletas y camionetas con la música a todo volumen, con ropa de marca –probablemente pirata–, pero con decenas de billetes en las manos, en contradicción con las altas tasas de desempleo en el grupo de su edad.
Meade anda con pinzas
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que muy cuidadosos, igual que José Antonio Meade, andan en el equipo del precandidato presidencial del PRI-PVEM-Nueva Alianza. Nos explican que los estrategas priístas no quieren dar un solo paso en falso, por eso andan con cuidado, dicen ellos, y se blindan de cualquier posible señalamiento de eventuales irregularidades del Instituto Nacional Electoral. Lo que no quieren, nos comentan, es cargar con acusaciones de actos anticipados de campaña. ¿Y qué hacen para evitarlo? En cada acto con Meade Kuribreña, las invitaciones son exclusivamente para los dirigentes y militantes. El precandidato dice y dice en sus discursos que todos aquellos con los que está reunidos son quienes deberán darle su apoyo en la Convención de Delegados del tricolor. Por si fuera poco, van al día con el área de fiscalización del INE y casi casi avisan una noche antes de su siguiente acto. Dicen que se llama blindaje. Mmmm…
Refrito con aderezo de AMLO
La tan anunciada, con bombo y platillo, estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador se ubicó en el nivel de refrito recargado y aderezado con las propuestas que ha tenido el tabasqueño durante los últimos años. Don Andrés Manuel había anunciado sorpresas en su estrategia, pero solamente repitió que enviará una iniciativa de Ley para crear la Secretaría de Seguridad Pública, integrar una Guardia Nacional —no queda claro si con militares y marinos—. Y más adelante pacificará al país con empleos, cero tolerancia a la corrupción, un cambio en la economía y ningún privilegio. Por cierto, el ingeniero Joel Ortega, ex director del Metro, reapareció como invitado en el evento de AMLO. ¿Le darán algún cargo en el gabinete, en caso de ganar las elecciones presidenciales?
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En la columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que la “gran idea” de amnistiar a criminales para acabar con la guerra del narco y lograr la paz en tres años, que incluía “hablar con todos”, como había dicho Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de los capos, ayer se convirtió en “solo una parte de la solución”, “una propuesta”, y con planteamientos contradictorios.
Alfonso Durazo, cabeza del eventual consejo de seguridad de AMLO, dijo en la mañana que “nadie ha hablado de negociar con capos”, que la amnistía tiene que ver más bien con los campesinos que siembran la droga, pero en la noche, entrevistado por Héctor Zamarrón en MILENIO Televisión, ratificó que se hablará “con todos” y se negó dos veces a decir si la eventual amnistía alcanza a personajes como El Mayo Zambada.
Que horas después, durante la gira de AMLO por Morelos, no faltaron los malpensados que aseguraran que la ausencia de Cuauhtémoc Blanco se trataba de la confirmación de que el abanderado de la coalición Morena, PT y PES a la gubernatura será el senador con licencia Rabindranath Salazar, quien estuvo al lado del tabasqueño en los tres municipios que visitó ayer.
Lo cierto es que el ex futbolista sigue siendo alcalde y por la normatividad local no puede hacer proselitismo, so pena de ser sancionado; incluso el líder de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, rechazó que el ex delantero ya esté fuera de la contienda y reafirmó que será una encuesta la que defina.
Que los dirigentes de la coalición Meade Ciudadano por México darán la batalla y lejos de acatar la determinación del INE, de que cambien ese nombre en un plazo no mayor a 10 días, aprovecharán el tiempo para perfilar la impugnación pues, aseguran, no están dispuestos a ceder en este tema y no tienen un plan B.
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