A un año de que se interpusieron los amparos colectivos contra el aumento del 20 por ciento a las gasolinas y para exigir la reducción del IEPS en 2017, la Justicia Federal no ha emitido una resolución porque la SHCP promovió un recurso de queja.
Así lo dieron a conocer, en rueda de prensa, Gerardo López Ramírez y Alejandro Carvajal Hidalgo, integrantes del Barzón Poblano, quienes aseveraron que la decisión de cobrar impuestos a los combustibles confirma la “vulnerabilidad” en la que se encuentra la economía nacional.
López Ramírez recordó que en total fueron diez amparos colectivos de 20 personas cada uno los que se habían tramitado, pero en dos no acudieron los quejosos a ratificarlo, por lo que quedaron ocho, y de estos, los asentados con el expediente 22/2017 y 5/2017 son los más avanzados.
Ambos están radicados en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el estado de Puebla, mismo que había programado la audiencia constitucional del 22/2017 para los primeros días de diciembre.
Esto luego de que –explicó— se promovió un peritaje en el que se determinó que el efecto inflacionario seguirá creciendo en relación al factor de la liberación de los precios de las gasolinas, además de que el aumento de los combustibles afecta indirectamente a la población, ya que incide en la inflación al ser un insumo en la industria, el comercio y el transporte de mercancías y pasajeros.
SHCP promovió una queja
Con lo anterior –agregó— se acreditó al Juez de Distrito que la alza de los impuestos viola el artículo 25 constitucional, que establece de que el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas tendientes al desarrollo económico de la nación.
Sin embargo, comentó que debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) promovió un recurso de queja, lo que calificó como “cobardía jurídica” por parte de la dependencia federal, pues el juicio se alargó y podría ser hasta finales de este mes cuando se tenga una sentencia final.
En el caso del amparo 5/2017 solo mencionó que es el segundo más avanzado, pero no detalló en que porcentaje.
Mientras que los otros seis, que no precisó qué número de expedientes son, indicó que por cuestiones de “tricuñelas legales” solicitaron que se cambiaran a los juzgados de la Ciudad de México, pero estos se declararon incompetentes, motivo por lo que se promovió un juicio por competencia que está en proceso.
Aumento a IEPS viola la constitución
Por su parte, Carvajal Hidalgo refirió que el objetivo final de estos amparos es demostrar la inestabilidad económica, el impacto inflacionario y que se pone en riesgo no nada más la soberanía alimentaria, sino también la estabilidad económica del país con el aumento del Impuesto Sobre Productos y Servicios (IEPS).
Lo que es –dijo— una violación constitucional, ya que el Estado como rector tiene la obligación de que se estabilice la economía y de generar condiciones de desarrollo, lo cual –afirmó— no lo está haciendo, por lo que está poniendo en riesgo al país.
Puntualizó que en caso de que el amparo sea a favor el efecto del mismo sería, en primer lugar, devolver a las personas el IEPS erogado durante el periodo y segundo, se podría declarar inconstitucional este impuesto porque trasgrede la constitución.
En su intervención, Alejandro Chávez Palma, economista de la BUAP, mencionó que de 2013 a 2018 los precios de las gasolinas han incrementado entre 50 y 65 por ciento; pues la magna pasó de 10.92 pesos a 17.11, lo que es 56.68 por ciento más, es decir 6.19 pesos.
En tanto, el diesel subió en 59.30 por ciento, al pasar de los 11.28 a los 17.97 pesos; mientras que la Premium creció en 63.50 por ciento, ya que pasó de los 11.48 a los 18.77 pesos.
Finalmente, sostuvo que el cobro del IEPS a las gasolinas ha resultado “muy atractivo” para la obtención de recursos fiscales, puesto que en la Ley de Ingresos de este año la SHCP estima captar 258 mil 633 millones de pesos.
