El Tepjf revocó el nombramiento de Alfredo Barbosa Bonola como consejero distrital de Puebla por ser líder de una agrupación juvenil del PRI en Tlaxcala, así que el INE dio el cargo a Jorge Bernardo Rojas Castillo, acusado de corrupción en la BUAP.
El jueves pasado, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ordenó a la junta local del INE destituir al líder priista, pues su nombramiento como consejero en el distrito federal 6, con cabecera en Puebla, era “ajeno a los principios de imparcialidad”, ya que se encargaría de vigilar la emisión, conteo y cómputo de votos en la elección del próximo 1 de julio.
Su relación con el tricolor fue denunciada por Manuel Ernesto Pérez Aguirre, un ciudadano que buscó ser consejero, pero no fue electo y, tras saber que el ganador tenía un vínculo partidista, impugnó la designación mediante el juicio SUP-SCM-JDC/1642/2017.
Ángulo 7 exhibió desde el 12 de diciembre que Barbosa Bonola –hijo de Federico Barbosa Gutiérrez, excandidato a la gubernatura de Tlaxcala— fungía desde septiembre del 2015 como líder de Expresión Juvenil Revolucionaria, organización creada por el PRI en Tlaxcala, lo cual también fue denunciado por representantes de partidos políticos cuando el consejo general de la junta local designó, junto con él, a 179 consejeros más.
En la sesión de los nombramientos, se acusó que los nuevos consejeros distritales eran militantes o estaban ligados a alguna fuerza política; que ya habían estado en el cargo hasta tres veces y que eran exfuncionarios o familiares del personal del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual también fue exhibido por la investigación de este medio.
Fue cesado por presunto desvío
Tras la resolución del Tepjf, este lunes la junta local designó a Rojas Castillo como consejero distrital titular en el distrito 6, donde estaba como suplente de Barbosa Bonola.
El nuevo concejal fue secretario particular de Carlos Antonio Moreno Sánchez, exdirector de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la BUAP, quien fue procesado en 2014 por presuntos actos de corrupción.
En la auditoría CG-CDI-05/2014, iniciada por la Contraloría de la institución, se señaló que ellos y otros cinco funcionarios pudieron haber desviado al menos 28 millones de pesos destinados a obras.
Esto con ayuda de la constructora BURN, que supuestamente “infló” precios, extendió facturas falsas por trabajos que no se realizaron y reportó gastos que no se hicieron.
La investigación derivó en la remoción de Rojas Castillo y otros mandos medios, pero Moreno Sánchez continuó en el cargo hasta el 25 de febrero del 2016, cuando renunció y fue sustituido por Roberto Santacruz Fernández.