La CNDH exigió al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Ignacio Olea Peláez, investigar la muerte de ocho bebés por “negligencias” el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense.
Lo anterior, a través de la recomendación 71/2017, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determina que la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento de dicho hospital provocó la muerte de los recién nacidos, y acusó que la investigación penal ha estado inactiva durante 18 meses.
Los hechos fueron relacionados con un procedimiento de infección asociada a la atención a la salud que se presentó en dicho hospital, donde 20 recién nacidos sufrieron afectaciones; de ellos, ocho fallecieron contagiados por las bacterias “escherichia coli” (E Coli) y “acinetobacter baumanni”.
Es de resaltar que en los ocho casos de fallecimiento existían coincidencias en las complicaciones asociadas a la prematurez de bebés, lo que ameritaba atención especializada en la unidad de Cuidados intensivos neonatales, que estaba inhabilitada por trabajos de ampliación, los cuales no fueron concluidos en la fecha programada debido a falta de recursos.
Por ello, el hospital improvisó áreas de vigilancia en las unidades de Cuidados obstétricos, Emergencias pediátricas, Emergencias para adultos, que no presentaban los requerimientos de higiene, infraestructura, equipamiento e insumos necesarios para la atención de los recién nacidos, lo que ocasionó el contagio de las bacterias.
No dieron aviso a las madres de los bebés
El personal médico manifestó no haber encontrado espacio en otros hospitales para el traslado de los bebés, a pesar de no existir constancia de dichas solicitudes, además, las madres de las víctimas no fueron informadas del estado de salud de sus hijos, ni del motivo del fallecimiento, lo que transgrede el interés superior de la niñez.
Tras esos hechos, la Fiscalía General y el gobierno estatal mantuvieron 18 meses inactiva la investigación del caso, lo que violenta el derecho de acceso a la justicia de las madres y padres de los menores de edad, por ello, la institución pide reparar el daño a los padres de los menores fallecidos, de acuerdo con la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero, e inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas, así como darles atención psicológica.
Entre los deberes del gobernador del estado, están establecer un programa presupuestario para dotar al hospital de los instrumentos, equipo y medicamentos necesarios, concluir las obras de ampliación de la unidad de Cuidados intensivos neonatales, colaborar con la presentación de la queja administrativa correspondiente y capacitar al personal en temas de derecho de protección a la salud con perspectiva de género.
Además, se deberá integrar copia de esta Recomendación al expediente laboral y personal de la autoridad correspondiente en el hospital, realizar un estudio sobre la relación de causalidad en alto índice de partos prematuros en el municipio de Tlapa, y adoptar las medidas pertinentes para su atención.
Asimismo, la Fiscalía General deberá capacitar a su personal en materia de diligencia en la investigación ministerial y derecho de acceso a la justicia, realizar las gestiones necesarias para integrar con debida diligencia la carpeta de investigación y remitir a la CNDH las constancias que acrediten su cumplimiento.
Cabe señalar que esta recomendación puede ser consultada en la página de la CNDH.
Editado por Diana Lizeth Pérez Morales
