Tras la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, la CNDH promoverá recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para frenar la aplicación de este ordenamiento, pues –sostiene– “vulnera los derechos humanos y las libertades individuales”.
Así lo confirmó este miércoles el organismo, mediante un comunicado de prensa, donde acusó que los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo federales fueron omisos ante su solicitud, apoyada por expertos y organizaciones internacionales, para abrir un diálogo con la sociedad en torno a dicha legislación, previo a su aprobación.
De acuerdo con este posicionamiento, la ausencia de un “diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento” ha llevado “a la polarización de posiciones implícita en la solución por la vía jurisdiccional”; sin embargo, el recurso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la única vía “para evitar que se violente el orden constitucional”.
En este sentido, la oficina encabezada por Luis Raúl González Pérez reiteró que, además de vulnerar los derechos básicos de los mexicanos, la ley recién promulgada “posibilita (…) que se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática”.
Advierte redacción ambigua y general
Respecto al argumento, difundido en la opinión pública, de que la emisión de la nueva ley dará un marco normativo al actuar de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías y autoridades civiles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que dicho ordenamiento “trasciende el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las personas”.
Lo anterior, debido a la ambigüedad y generalidad de su redacción, que, por ejemplo, en su artículo segundo implica que la intervención de las Fuerzas Armadas pueda justificarse ante “cualquier tipo de actividad” que sea “calificada de amenaza o riesgo a la seguridad interior”, sin que existan parámetros para determinar esta situación.
Además, en términos de su artículo noveno, toda la información vinculada a su aplicación será reservada, con independencia de su contenido o relevancia, mientras que, en su artículo vigesimoprimero, obliga a organismos como la CNDH a proporcionar a la autoridad toda la información requerida respecto de asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la seguridad interior.
Intervención del Ejército sería permanente
Por otro lado, sobre la promesa del Ejecutivo federal de no realizar ninguna declaratoria de protección a la seguridad interior hasta que se resuelvan las controversias y acciones de inconstitucionalidad, la comisión señaló que la aplicación de la ley no está condicionada a la emisión de dichas declaratorias.
Y es que, en términos de su artículo vigesimosexto, las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior “son de carácter permanente y no requieren la emisión de una declaratoria”.
Todos estos ordenamientos –acusa la CNDH– abren la posibilidad de que “al amparo de la ambigüedad, la opacidad y la falta de rendición de cuentas, se legitime una mayor intervención estatal en la esfera de garantías y libertades de las personas, así como para alterar el orden federal y democrático” que establece la Constitución.
Cabe mencionar que, este miércoles, en Puebla, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que las Fuerzas Armadas serán respetuosas de las determinaciones que tome la SCJN sobre la Ley de Seguridad Interior.
