El gobierno de San Andrés Cholula desmintió que el alcalde Leoncio Paisano Arias pueda ser sancionado por presuntamente invadir un predio, como lo acusa una familia, pues aseguró que no hubo tal hecho y, por el contrario, podría demandarse por difamación.
Tras las declaraciones hechas por Álvaro Ramírez Rivera, representante legal de la familia Tlatehui Juárez -quien afirmó que el edil podría ser destituido y enfrentaría una condena de 3 a 9 años de prisión, por primero “aceptar la invasión y luego negarla”-, Oscar Palacios Ramírez, secretario de Gobernación, señaló que el litigante no tiene facultades para calcular sentencias, más aún cuando no existió el hecho que acusa.
Entrevistado en la presidencia municipal, precisó que hay “falta de conocimiento” del caso por parte de la defensa, así como sus declaraciones carecen de sustento.
En primer lugar, señaló que los tres amparos promovidos por la parte afectada fueron promovidos por el abogado Héctor Rodríguez Avelino, pues es el que firma, pero quien declara es Ramírez Rivera, por lo cual –aseveró- ha falseado la información al desconocerla.
Sí hay decreto
Refirió que el denunciante ha afirmado que no hubo decreto de expropiación, sin embargo, sí lo hay, mismo que presentó durante la rueda de prensa ofrecida este jueves.
El documento –publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de noviembre- señala que, por mayoría el votos, el día anterior se aprobó en sesión de Cabildo expropiar mil 600 metros de un terreno perteneciente al señor Floriberto Toxtle.
Sin embargo, la casa de la familia Tlatehui Juárez, que colinda con el predio, no dispuso de una entrada orientada hacia la calle, sino al terreno vecino, por lo cual, se vieron afectados al no poder entrar a su vivienda cuando el ayuntamiento cercó el lugar.
Palacios Ramírez enfatizó que la expropiación es legal, por lo que no hay acto que reclamar, puesto que el vendedor del predio no ejerció una demanda, sino la familia que tuvo afectaciones colaterales, pero por falta de pericia.