Puebla se ha convertido en la capital de la corrupción. La ciudad capital registra los mayores niveles de pobreza en el país, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se ha entregado el agua a empresas privadas, se realizan obras innecesarias y suntuosas por capricho, en las que, sin reflexión y con visos de corrupción, se excluye a los más necesitados de la distribución de la riqueza y del presupuesto público.
El estado es el paradigma de cómo la ambición y privilegios de unos cuantos, contrastan con las necesidades de una mayoría, que ha sido excluida del supuesto desarrollo.
Por eso, es indispensable evitar -como ocurre en nuestro estado-, desde los cimientos legales, que se realice el derroche privado con el dinero público. Lo que hemos visto en los últimos seis años en el estado es una barbarie, un abuso más de quienes han saqueado a los poblanos y, lamentablemente, con el actual gobierno que no es más que la continuidad del morenovallismo, nos seguirán saqueando.
Las cifras son frías y hablan por sí solas: por generaciones, a lo largo de 50 años, medio siglo, los poblanos estaremos endeudados con más de 70 mil millones de pesos.
La anterior y actual administración fue y es incapaz de atender las prioridades de la población y, sin reflexionar en los más desprotegidos, se empeña en la realización de obras suntuosas e inservibles, como ciclopistas que a nadie usa.
Está también su trenecito de Disney entre Puebla y Cholula, que costó más de mil millones de pesos. Y en esa larga lista está, como el monumento a la falta de planeación y megalomanía del anterior gobierno panista, el Museo Barroco, el más caro del mundo.
A esta obra se destinan más de 15 mil millones de pesos, mientras muchas escuelas están en ruinas y el campo poblano muere en el abandono.
El Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados consideramos que no es posible que en Puebla y en el país tengamos familias en las comunidades indígenas abandonadas y se destinen recursos para obras de ornato.
Eso es corrupto en su esencia misma. Se trata de una grave inmoralidad.
De ahí, como expuse recientemente en la tribuna de la Cámara de Diputados, es indispensable avanzar en reformas a la Ley de Planeación, para generar políticas de Estado que impidan a los gobiernos derrochan, por caprichos, ocurrencias y mala planeación, el dinero del pueblo.
Sin una consulta amplia e informada, ningún grupo debe ni puede tomar decisiones para transferir la riqueza nacional. Ese es el problema, la distribución de la riqueza, la deshonestidad y la corrupción.
Este punto es además indispensable, porque así se combate también directamente la corrupción, pues en esas obras, suntuosas e innecesarias, los gobernantes en turno benefician con negocios a sus amigos y entregan a inversionistas privados los activos públicos, con procedimientos plagados de anomalías y mañas.
Debemos amarrarle las manos a los gobernantes que dictan políticas públicas porque no conocen las políticas de Estado.
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