Quisieron infundir miedo pero literalmente, les salió el chirrión por el palito y las evaluaciones al desempeño profesional docente, se volvieron en su contra tras la resistencia que maestras y maestros opusieran a la evaluación del desarrollo profesional docente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. A la negativa se sumaría el uso de la fuerza para blindar las sedes en las que se programara la evaluación del desempeño y en varias ocasiones se recurriría al traslado de docentes “interesados” a sedes distantes de la entidad en la que laboran para sustentarla y a la persecución política y judicial de los disidentes, incluida la infausta represión de Nochixtlán, Oaxaca.
Prometida por Peña, en la premisa 6 de los 10 Compromisos por la Educación Nacional con Equidad y Calidad, al término de su gestión se habría evaluado a cada uno del poco más del 1 600 000 “de los maestros, directores y supervisores” que integran la plantilla de personal de educación básica y media superior, quienes en un lapso de 4 años habrían sustentado una evaluación mediante la que se lograría “impartir una educación de calidad a niñas, niños y adolescentes” y de ahí, pal real. Se fiscalizarían “de manera periódica” -una vez cada 4 años- lapso en el que en adelante gozarían de un trabajo por tiempo determinado y que les quitaría la titularidad de las plazas definitivas de las que gozaban “inmerecidamente”. El garlito no funcionó, a pesar de las amenazas vertidas por el titular del ejecutivo y la aplicación de “las consecuencias que la ley establece” y de los estímulos prometidos.
A un año de vencido el plazo, la cifra que muestra los resultados de “la joya de las evaluaciones“, impuesta al personal docente tiene que ser maquillada y presentada de manera global. Sumada a las evaluaciones de ingreso al servicio profesional instauradas en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, lo mismo que a las de las promociones a puestos de administración superior (direcciones, supervisiones y jefaturas de sector) con la intensión de minimizar las críticas de los organismos internacionales y de los grupos ultraconservadores como Mexicanos Primero (azuzados por el gobierno de la federación en contra de los docentes). Pero aún así, en los estertores del sexenio, se escucha de la boca de Otto Granados -tercer encargado de despacho educativo de la calle de Donceles – la misma cantaleta: “al término de la actual administración se alcanzará un millón 700 mil docentes evaluados, y de ellos 665 mil en exámenes de permanencia”, cifra lejana a las y los poco mas o menos 200 mil examinados hasta ahora.
La depuración de la nómina magisterial (Compromiso número 7), pregonada como concluida con bombo y platillo por Aurelio Nuño afectaría -si es que se hubiese llevado a cabo, a un número indeterminado de docentes “aviadores” adscritos a las organizaciones magisteriales con y sin toma de nota. Mostraría adicionalmente, los contubernios históricos entre el SNTE y las autoridades educativas federales patentizados en los oficios turnados por la Oficialía Mayor de la SEP mediante los que a petición de parte, se giraban instrucciones para que las autoridades educativas locales otorgaran licencia con goce de salario para un X número de docentes adscritos a los comités ejecutivos de las secciones sindicales del SNTE. El desorden administrativo en el que incurren las autoridades educativas locales y federales, permitiría que aún los muertos cobraran y que, adicionalmente, se elaboraran nóminas mediante las que pagaban en épocas de campaña, a los operadores político-electorales. Aún ahora, en el nivel de educación superior, los responsables bilaterales de los movimientos de personal se despachan con la cuchara grande. La anarquía administrativa generada por instrucciones centrales que se iniciaría en el sexenio de Miguel de la Madrid, habría obligado a la comisión de maestras y maestros que, sin ser aviadores se hicieran cargo de cuestiones administrativas y de las ocurrencias sexenales (programas educativos) y aunque de manera limitada, aún lo hacen.
Los Sistemas Nacionales de Información y Gestión Educativa. funcionan con gran deficiencia a decir de la mayoría de los poco más de 200 mil usuarios -uno por escuela-. Los encargados de subir la información al Sisep y al Sirep deben cazar la oportunidad para accesar a ellos, cuestión que logran al filo de la madrugada -cuando lo hacen-, debido a la saturación del sistema y al ancho de banda insuficiente. La reciente crisis en la que se sumiera la Dirección General de Profesiones, evidenciada por la suspensión general del servicio a partir del 7 de septiembre, saca a luz, la falta de una base de datos histórica que permita consultar la veracidad de los documentos que avalan los estudios de educación media superior, requisito indispensable para que las instituciones -nuevas responsables de los procesos de autenticación de documentos-, se hagan cargo de una obligación que recaía en las oficinas locales y federales de la DGP, cuestión que demuestra avances limitados en la construcción del Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa.
“Las jornadas de transparencia” se realizan en muchas de las escuelas, mediante un procedimiento poco claro. En asambleas de madres y padres de familia y sin acceso a documentos que permitan verificar el manejo de los recursos que ellas y ellos mismos aportan y de las escasas sumas de recursos que les “otorgan” las autoridades, provenientes de programas como el de reforma educativa. A grito pelado y a mano alzada, se vigila a quienes -como el director del plantel, el presidente y el tesorero y de las asociaciones de padres de familia-, deben rendir cuentas por recursos limitados, cuya administración en ocasiones origina intereses particulares y alienta los conflictos con quienes cuestionan el uso responsables de los recursos recaudados.
Sin embargo, quien sustituye a Nuño, sosteniendo un tono triunfalista, continuará propagando las bondades de una reforma educativa sin la menor de las autocríticas y sin cambiar los procedimientos para instrumentarla y lo que es peor, sin tomar en consideración a quienes tendrán la “obligación” de aplicarla en el salón de clases. Total que el “Nuevo Modelo Educativo” arrancaría a partir del 20 de agosto del 2018, cuando la titularidad del nuevo ejecutivo federal ya esté definido y la suerte de la reforma echada. Total, que en un ajuste de cuestas salen mal parados.
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