La unción de Meade
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que entre tanto grito matraquero que arrastra una vieja cultura priista revigorizada cada vez que ungen candidato a la presidencia, hubo a quienes no les gustó que el abanderado del PRI fuera un no militante. Empezando por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que pensaba incluso después del destape que esa candidatura era para él, y varios gobernadores y figuras en el partido en el poder, a quienes les parecía inadmisible que a quien consideraban un funcionario panista en el gobierno de Enrique Peña Nieto, buscara sucederlo. Pero la línea presidencial se mantuvo y la fuerza interna del presidente impuso a quien deseaba –asumiendo seguramente que con José Antonio Meade, que no arrastraba los negativos de otros aspirantes, tiene una candidatura competitiva.
Peña Nieto no estuvo en el evento dominical en la explanada del PRI, pero no era necesario. Durante poco más de un mes jugó ajedrez político, donde engañó a su propio equipo, lanzó distractores y llevó al finalmente ungido a una situación de nervios extremo al no saber, cuando lo citó el presidente el sábado 25 de noviembre a Los Pinos, con qué encargo iba a salir de la casa presidencial. Personas que siguieron de cerca los últimos días del destape, recuerdan que Meade fue llevado al máximo de la incertidumbre por el presidente, y que incluso llegó a pensar que el día que lo iluminó la decisión de Peña Nieto, el Banco de México podría ser su destino sexenal.
La ruta final del destape comenzó a finales de octubre, en una reunión de gabinete para evaluar los trabajos por los sismos de septiembre. Peña Nieto encontró con la mirada a Julio Guerrero, jefe de la Oficina del secretario de Hacienda, quien iba en sustitución de Meade, que no había podido acudir. Peña Nieto fue directo a los ojos de Guerrero y le dijo que no lo había visto en Oaxaca ni Chiapas, a diferencia de todos los que estaban en la reunión, que no habían abandonado esos estados. Varios de los presentes lo interpretaron como una crítica a Meade. Los secretarios hablaron sobre lo que habían hecho, y luego de que el de Educación, Aurelio Nuño, informó que en un plazo de 20 días se restablecerían las clases y se empezaría el retorno a la normalidad, Osorio Chong señaló que era inadmisible esa demora. La crítica fue agria, y el presidente volvió a preguntar por el plazo a Nuño. Al oírlo nuevamente, Peña Nieto dijo que le parecía adecuado y volvió a felicitar al secretario de Educación.
Ese fue el principio de una serie de acciones presidenciales en donde Nuño fue arropado por Peña Nieto de una forma tan notoria, que comenzaron a aparecer columnas en la prensa política señalando que el secretario de Educación no debía ser descartado de la lucha final por la candidatura. Se empezó a ver a Nuño en reuniones donde no tenía competencia, pero siempre cerca del presidente, que alimentó la confusión dentro del gabinete que se había abierto en la reunión de finales de octubre sobre su reemergencia sucesoria. Dos elementos más sirvieron de distractor.
Uno fue interno. En una reunión del gabinete económico al arrancar noviembre, al abordarse el tema del relevo en el Banco de México, Meade sugirió que el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, sería un buen candidato. Peña Nieto lo volteó a ver, de acuerdo con una persona que conoció los detalles, y retador con la mirada, como suele ser en ocasiones el presidente, respondió, palabras más, palabras menos: “Tú puedes ser un buen candidato al Banco de México”. El otro fue externo, cuando ante una pregunta de la prensa, Peña Nieto dijo que estaba cierto que enviaría el nombramiento del gobernador del Banco Central al Senado, lo que la mayoría, incluido Meade, entendió como que el relevo no sería interno, que no necesita el trámite parlamentario, sino una figura externa. Al saber que Messmacher no estaba en el ánimo del presidente para ese puesto, no había muchos, o quizá ninguno, además de Meade, que pudieran llegar al banco desde afuera.
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La excepción se convirtió en la regla
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que el jueves pasado reportaba los pésimos números en materia de inseguridad en México. En resumen: 2017 será el año más violento de los últimos veinte. El gobierno de Calderón, que le declaró la guerra al crimen organizado, fracasó. El gobierno de Peña, que soslayó el tema, también fracasó. Ambos han compartido la misma estrategia: utilizar a las Fuerzas Armadas como sustituto de las policías. Es cierto que los gobiernos antes de Calderón utilizaron al Ejército y a la Marina en labores de seguridad. Pero nunca en la proporción e intensidad como en los dos últimos lustros. La intervención de las Fuerzas Armadas siempre se vio como una solución temporal. Una excepción para suplir la falta de policías profesionales. Ya pasó más de una década y la excepción se convirtió en rutina y, en la medida en que los militares se sintieron desprotegidos legalmente por su acción cotidiana, presionaron a la clase política para que la excepción se convirtiera en regla.
Varias organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por legalizar la militarización de la seguridad pública, cabildearon en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI). La semana pasada, sin embargo, la Cámara de Diputados la aprobó. En lo personal, me convencen los argumentos para rechazar esta ley. A continuación, presento los argumentos contrarios a la LSI que aparecen en un documento que me enviaron las ONG.
Ante todo, reiteran la necesidad de “revisar a profundidad y de forma integral el modelo de seguridad, tras una década de políticas fallidas”. Consideran que la LSI no es la solución por varias razones. Primero, se trata de una ley inconstitucional. Dudan que el Congreso tenga facultad para legislar en la materia. En ninguna fracción del artículo 73 de la Constitución se habilita al Poder Legislativo Federal para “expedir leyes en materia de seguridad interior”. Además, el artículo 21 constitucional claramente establece que las funciones de seguridad pública estarán a cargo de autoridades civiles.
Segundo, la LSI contraviene los tratados que México tiene firmados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que considera el concepto de “seguridad interior” como “propio de regímenes autoritarios” y con el potencial de propiciar “violaciones a derechos humanos por su amplitud”.
Tercero, la LSI incrementaría las violaciones a derechos humanos. Los datos no dejan dudas: “Mientras que antes del despliegue militar que comenzó en 2006 el promedio de quejas contra las Fuerzas Armadas era de 190 por año y el de recomendaciones de dos, en esta última década ha sido de más de mil quejas por año y 14 recomendaciones en el mismo periodo […] Se ha documentado que entre 2012 y 2016, la PGR inició más de 500 investigaciones por delitos de castrenses contra civiles, obteniendo condenas en sólo un 3% de los casos”.
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¡‘El Chapo’, secretario de Agricultura!
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Polítuco, publicada en Milenio, señala que desde mayo de 2012 aquí hemos documentado los vínculos de Morena con el narco y el crimen organizado.
En todos los casos el insulto fue la respuesta de “la fanaticada lopista”, en tanto que analistas serios dijeron que era una exageración.
Hoy, en Guerrero, en el territorio de la mafia criminal de Los Ardillos —por donde AMLO pasea sin ser molestado—, Obrador disipó dudas cuando dijo que “analiza indultar” a los jefes del crimen organizado, con la esperanza de que se conviertan en ciudadanos ejemplares.
Y luego del indulto, el paso siguiente podría ser el reparto del poder público a los criminales.
Y entonces El Chapo podría ocupar la Secretaría de Agricultura, por su experiencia de cultivar todo el país de mota y de amapola. A su vez, La Tuta, brillante profesor de escuela, no solo sería perdonado, sino nombrado secretario de Educación para enseñar a los jóvenes como salir de la nada con el narco, en tanto que el sanguinario Z-40 ocuparía el cargo de secretario de Seguridad Pública, por su probada eficacia para matar militares y marinos.
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Pleito callejero entre Chuchos y ADN
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que desde hace unos días y luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera que Alejandra Barrales debe dejar la presidencia del PRD, ha comenzado una pelea callejera entre las tribus Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional por ver quién se queda con la dirigencia del partido. Nos comentan que Nueva Izquierda, de los Chuchos Ortega y Zambrano, busca a toda costa presidir el partido para evitar que su contraparte, ADN, rompa con el Frente Ciudadano por México y acabe con todo el acuerdo electoral rumbo a 2018. Las corrientes amarillas se están jugando el todo por el todo para los comicios presidenciales…
Debate por Ley de Seguridad Interior
Hace unos días llegó a este espacio la versión de que el destacado y veterano jurista Juan Velásquez previno a las comisiones en San Lázaro que se podrían generar acciones de inconstitucionalidad por la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que se discutirá próximamente en el Senado. Sin embargo, nos comentan ahora que, al contrario, don Juan fue quien más apoyó la minuta que hoy tienen en sus manos los senadores. El documento que busca un marco jurídico para la actuación de las Fuerzas Federales —Ejército, Marina y Policía Federal—, en la lucha contra la delincuencia será objeto de análisis y, en algunos casos, de discusión por organizaciones dedicadas a la seguridad. El tema, nos comentan, no está del todo cerrado y los senadores tienen la última palabra.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que de los aspirantes a encabezar la Auditoría Superior de la Federación que comparecieron el fin de semana en el Palacio de San Lázaro, Ángel Trinidad Zaldívar, ex comisionado del INAI, y Alejandro Torres Palmer, ex contralor de Puebla, fueron dos de los más fuertemente cuestionados, aunque al final causaron mejores impresiones a los diputados.
Iván López Fernández, ex contralor de Javier Duarte en Veracruz, acreditó los requisitos formales para ser candidato al máximo órgano de fiscalización, pero su descalificación es inminente ante la coincidencia generalizada entre los legisladores respecto a que su postulación es “impresentable”.
Que una vez que el PRI ha decidido colocar en la contienda nacional de 2018 a José Antonio Meade Kuribreña, también pronto habrán de acomodarse las piezas para las nueve gubernaturas en disputa.
En el caso de Chiapas las cosas se han puesto interesantes, ya que aunque el gobernador Manuel Velasco ha insistido en que por la alianza PRI-Verde hay seis aspirantes a la candidatura, en su círculo cercano se sabe que en realidad solo tres tienen posibilidades reales: el senador del PRI Roberto Albores; el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, del PVEM, Fernando Castellanos (quienes pelean el primer lugar en todas las encuestas), y el diputado local Eduardo Ramírez, también del Verde, al parecer vetado por sus constantes ataques a miembros del partido tricolor durante este sexenio…
Que el Instituto Electoral de Ciudad de México llevó a cabo la instalación del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, mediante el cual se realizarán análisis, estudios y propuestas para el desarrollo óptimo del PREP. Lo anterior con el propósito de dotarlo de certeza y seguridad, así como brindar confianza a la ciudadanía.