La Ley de Seguridad Interior, que sería aprobada en el Senado, permite la intervención a nivel nacional del Ejército en tareas exclusivas de autoridades civiles, lo que amenaza los derechos humanos, aumenta la violencia y afectaría los comicios de 2018.
Así lo ha acusado el colectivo Seguridad Sin Guerra, que agrupa a más de 250 civiles, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes desde la aprobación de la minuta de ley en la Cámara de Diputados, el pasado 30 de noviembre, lanzaron una campaña de presión ciudadana para exigir a los senadores detener la iniciativa.
De acuerdo con los opositores, esta legislación evade el fortalecimiento de las policías federales, estatales y municipales, señaladas por casos de colusión con criminales; en cambio, perpetúa la militarización de la seguridad pública, lo que abre la puerta a una escalada de violencia.
En este sentido, acusaron la “discrecionalidad” que permite la ley al Ejecutivo federal para desplegar a las fuerzas armadas, pues, en el artículo 11, se establece que podrá ordenar, a consideración suya o a petición de los Congresos locales, la intervención del Ejército y la Marina en zonas donde se identifiquen “amenazas a la seguridad interior”, sin especificar criterios para esta clasificación.
Por lo tanto, advirtieron que, ante la posibilidad de que “todo quepa en la definición de seguridad interior”, las Fuerzas Armadas, dotadas de las facultades de policías, podrían “intervenir contra protestas sociales que no consideren pacíficas”, sin que haya controles para verificar su actuación.
Ejército podría intervenir en elecciones, advierten
En dicho contexto, Catalina Pérez Correa, especialista en Derecho e integrante de Seguridad Sin Guerra, advirtió sobre el peligro de “militarizar al país rumbo a la elección” de 2018, puesto que el Ejército y la Marina, con el fin de preservar la seguridad interior, podrían intervenir en el combate a la corrupción y la compra de votos.
Lo anterior, en el supuesto de que ambos ilícitos son, con base en las definiciones de la ley mencionada, actos que “afectan la estabilidad de las instituciones” y “dañan severamente a la población”, por lo que ameritarían la intervención de las Fuerzas Armadas para “identificar, prevenir, atender, reducir y contenerlos”.
“Pasar esta ley en vísperas del proceso electoral es mala idea. Hacerlo tras 11 años de catástrofe militarizada es simplemente una forma burda de hacer de la vigencia de la Constitución una facultad discrecional del presidente”, aseveró en un artículo publicado en El Universal.
Vale agregar que el artículo 8 indica que las movilizaciones pacíficas de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral “bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior”.
Sin embargo, se ha señalado que, debido a la vaguedad de la propia definición, no se sabe qué pasará con las manifestaciones que se consideren no pacíficas y una amenaza para la seguridad interior.
La Ley de Seguridad Interior fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil. #SeguridadSinGuerra pic.twitter.com/OhTDMw8rHN
— Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) November 30, 2017
Es un “parche” e “inconstitucional”: Barbosa
Entre los políticos de oposición que se han pronunciado en contra de la ley, impulsada por el PRI y sus aliados, el senador Miguel Barbosa Huerta, de Morena, sostuvo que “está muy lejos de resolver los problemas de inseguridad que vive el país, atenta contra los derechos humanos, no fortalece las instituciones policiales y representa un parche más que sirve de nada”.
De acuerdo con el vicecoordinador político del grupo parlamentario del PT y Morena en el Senado, la Minuta de Ley de Seguridad Interior que la Cámara de Diputados envió a los senadores es inconstitucional al menos respecto a lo que establece el artículo 21 en su párrafo décimo:
“Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Consideró que con esta reforma no habrá policías profesionales, sino que las Fuerzas Armadas permanecerán en las calles en funciones de seguridad pública, una actividad que no les compete y que ellas mismas no desean hacer.
Asimismo criticó que, pese a que octubre fue el mes más violento desde que se mide la violencia generada por la inseguridad, la respuesta del gobierno de la República y sus representantes en el Legislativo sea “la aprobación de esta reforma que de nada sirve”.
Organizan petición para frenarla
Cabe señalar que, este martes, las comisiones de Marina, Defensa Nacional, Gobernación y Estudios Legislativos del Senado dictaminarán y decidirán si turnan la minuta de ley al pleno para su votación y eventual aprobación.
Es el penúltimo paso antes de la aprobación definitiva que reglamente la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública.
Ante la posibilidad de que este proceso se dé en un “fast track”, Seguridad Sin Guerra organiza la firma masiva de una petición ciudadana para detener la minuta, a lo cual se puede adherir cualquier persona a través de la página del colectivo.
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