Cada tres días, aproximadamente, en Puebla hay una mujer asesinada y en 80 por ciento de los casos también un criminal impune. La Fiscalía General del Estado (FGE) solamente investiga con calidad de feminicidio a uno de cada tres crímenes mortales contra mujeres.Casi trescientas de ellas, madres, hijas, esposas, hermanas, han muerto a manos de asesinos en nuestro estado desde 2015 a la fecha. Este 2017, concluirá con el luto de un centenar de familias y como el año en que más féminas han sido privadas de la vida.
Esto es una alarma grave, terrible. Se vive en este rubro un estado de emergencia y de excepción, pero por imagen y por conveniencias políticas, maquillando cifras y ocultando la verdad, las autoridades estatales se niegan a admitir que Puebla requiere ya, urgente e impostergablemente, la emisión de la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM).
La omisión es también un grave crimen contra las mujeres poblanas.
De ser la novena entidad en esta lamentable cifra roja a nivel nacional en 2016, en los últimos balances hemos pasado al quinto sitio. El incremento es evidentemente alarmante para todas y todos, menos para el gobierno del estado, que se niega a ver la realidad, que privilegia los cálculos en imagen, en previsiones de costos políticos y hasta pone de pretexto que bajaría el turismo, si se emite la alerta.
Además de los homicidios contra mujeres, la alerta de género es indispensable a la luz de otras mediciones: de acuerdo con el Atlas de Género que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro estado tiene el mayor índice nacional de violencia física y sexual contra mujeres casadas o que viven con su pareja y el quinto porcentaje más alto de mujeres en pobreza extrema.
De acuerdo con la descripción técnica del Instituto Nacional de las Mujeres (INM), la alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad”.
Toda esa descripción encuentra cuadratura precisa, alarmante y urgente, con lo que está pasando en Puebla.
El pasado 3 de julio de 2017, los diputados federales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentamos una solicitud para que el Instituto Poblano de la Mujer (IPM) realizara una investigación por la comisión de graves violaciones de derechos humanos contras las mujeres en la entidad.
También pedimos que se nos informara y se nos diera acceso a las diligencias que realiza la FGE y demandamos que se decretara de manera urgente la AVGM.
Hasta tres meses después, como si se tratara de un asunto menor, sin importancia, recibimos respuesta del IPM, solamente para decirnos, refugiándose en tecnicismos, que el instituto no integra expedientes de investigación o de quejas y que tampoco tiene acceso a las carpetas de investigación, que ese es un asunto del gobierno federal.
Sin interés y con desdén a la solicitud de la bancada de Morena, se lavaron las manos en esa dependencia, pero además luego se contradijeron en esa dependencia.
Sin cejar en la que sabemos que es una de las más sentidas demandas de la sociedad, la seguridad para los suyos, sus hijos e hijas, en este caso, para las mujeres de cada núcleo familiar, los diputados federales de MORENA insistimos con un oficio dirigido a la directora del IPM, Nadia Navarro Acevedo.
En éste subrayamos que tiene la obligación de canalizar esta queja al INM, para dejar evidencia de los acontecimientos y feminicidios, así como la infraestructura con la que se ha atendido esta problemática en el estado y la impunidad que prevalece.
En respuesta a nuestra comunicación del 14 de octubre, la directora del IPM nos envió un oficio fechado el 7 de octubre (sic), es decir, siete días antes de la emisión de nuestro documento, para decirnos, sin precisar detalles, que el gobierno del estado “sí ha participado activamente” para aportar la información y los elementos necesarios para los efectos de la alerta de género.
¿Entonces, sí lo ha hecho o no lo ha hecho? Delatan en el IMP absolutas incongruencia y confusión.
Desconocemos la intensidad de ese “activamente”, pero lo que sí conocemos y tenemos evidencias contundentes que está en el interés del gobierno estatal obstaculizar la AVGM.
Al gobierno panista, no tenemos duda, le hace falta, mucha falta, una buena dosis de congruencia en la atención de este flagelo, seriedad en los procedimientos que realiza y mano dura contra los feminicidas y los funcionarios que, con sus omisiones e incompetencia, les permiten la impunidad a estos criminales. Ellos son también verdugos de las víctimas.
No quitamos el dedo del renglón en este tema tan sensible, que también se expresa en el trabajo de Organismos No Gubernamentales, que realizan una loable labor que el gobierno se niega a hacer.
Mantenemos nuestra insistencia en que es urgente la AVGM para Puebla.
Ya basta. Ni una menos.
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