Los intereses comerciales y económicos no deben estar por encima de los compromisos internacionales para el cuidado del medio ambiente; urgen medidas para que las empresas adopten medios de producción más limpios y generen menos contaminantes.
Así lo planteó el lunes el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, en el Segundo Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático, donde demandó al Estado y a la sociedad civil generar conciencia global para advertir que cada persona es relevante en la protección, defensa y preservación del medio ambiente.
Lo anterior al señalar que el esfuerzo económico de los tres niveles de gobierno por abatir el daño ecológico que generan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios es 5.3 veces menor que el daño ocasionado por dichas actividades.
Asimismo, advirtió que los costos por agotamiento y degradación ambiental en el país ascendieron en 2015 de 6 a 1 respecto de la inversión para protección ambiental, de acuerdo con los datos las Cuentas Económicas y Ecológicas de México.
Tales cuentas –dijo– indican que los costos por agotamiento y degradación fueron de 907 millones 473 mil pesos, mientras que los de protección llegaron a 141 millones 933 mil.
Recomienda mediadas conjuntas con sociedad
Por lo anterior, reiteró que los gobiernos debe evaluar la implementación de medidas de alta responsabilidad ambiental para las empresas, considerando plazos e incentivos, como el que desarrollaron ambientalistas mexicanos y la CNDH sobre la contaminación de los ríos Atoyac y Xochiac, que dio origen a la Recomendación 10/2017 de este Organismo Nacional.
Al referirse al reconocimiento de la CNDH por la declaratoria de Parque Nacional en favor del Archipiélago de Revillagigedo, destacó la importancia de conservar y atender las áreas naturales protegidas -tema sobre el que la CNDH emitió la Recomendación General 26- y de aplicar la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los pueblos.
Aseguró que, para los estados, el diseño e implementación coordinado, integral y eficiente de políticas públicas en esa materia se enmarca en la obligación genérica, frecuentemente subestimada, de prevención de violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, en su exposición “Políticas Públicas de Cambio Climático como Mecanismos para Garantizar el Derecho a un Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y el Bienestar”, remarcó que hay mucho por hacer sobre mitigación y adaptación del cambio climático.
Editado por Luis Alberto Palacios
