Como todo mundo sabe, Manuel Hernández Pasión, joven antorchista y excepcional presidente municipal de Huitzilan de Serdán que llevó, como ningún otro, progreso a su pueblo, fue asesinado el día 10 de octubre de 2017 en las goteras de Zacapoaxtla, por un comando armado al servicio del poderoso cacicazgo de la Sierra Nororiental de Puebla, cuyos nexos y relaciones con el poder gobernante en Puebla son, al parecer, bastante más enraizados de lo que a la vista superficial se miran.
Ha pasado, pues, mes y medio desde que Manuel Hernández Pasión fue privado de la vida, y tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría General de Gobierno de Puebla han guardado absoluto silencio sobre el asunto y han mantenido una inacción total para encontrar, arrestar y castigar a los autores materiales del asesinato de un líder indígena que se ganó, de pleno derecho, el cariño de su pueblo y la admiración de millones de mexicanos humildes porque fue un hombre bueno, inteligente y valiente en la defensa de sus hermanos de clase.
La sordera, insensibilidad e inacción de la justicia poblana rayan ya en la burla macabra y criminal contra la familia de Manuel, los antorchistas huitziltecos y el antorchismo nacional, cuya petición de justicia es absolutamente legal y un derecho mínimo ante tan horrendo crimen. Son, además, una muestra del trato despótico y despectivo de las autoridades en Puebla cuando se trata de resolver las demandas de los humildes y un indicio muy revelador de a qué poderosos intereses sirven los sicarios, intereses que gozan, en esa medida, de total impunidad.
A pesar de que, en los últimos días, la Fiscalía General del Estado de Puebla ha sido duramente señalada como una de las más ineficaces y torpes a nivel nacional, y de que, tras esta máscara, podría quedar “justificada” su inacción ante el crimen del Manuel Hernández, nosotros sostenemos que, en este caso, no puede haber dudas de ningún tipo: si el señor Víctor Carrancá Bourget, Fiscal de Puebla, y el señor Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobierno, no han aprehendido y castigado a los pistoleros que mataron a Manuel eso tiene una explicación de carácter político, que no es otra sino esconder, por esta vía, a los autores intelectuales del crimen.
Cualquier poblano que haya seguido el caso sabe que desde los primeros días del crimen las instancias de justicia conocían ya el nombre, apellidos y ubicación precisas de cada uno de los sicarios, gracias a varios factores: 1) El asesinato se cometió a plena luz del día, en un lugar bastante transitado y los asesinos no se cuidaron de guardar su identidad. 2) Varias cámaras de vigilancia de Zacapoaxtla lograron captar el momento en que Manuel era perseguido, sin saberlo, por cuatro vehículos que más tarde le darían alcance para cometer el crimen. 3) El vehículo del asesino directo fue abandonado en la escena del crimen, con ropa y huellas dactilares suficientes para establecer su identidad de modo inequívoco. De manera que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno identificaron plenamente a los asesinos. Por eso, en una reunión en la que fungió como testigo el señor Gobernador del Estado, Licenciado José Antonio Gali Fayad, ambas dependencias de gobierno se comprometieron a arrestar a los asesinos en un plazo no mayor a tres días, dado que sabían, exactamente, en dónde encontrarlos según la información de inteligencia con que contaban. De esa promesa y de esa reunión ha pasado ya un mes, y no hay atisbos de que quieran detener a los homicidas.
Y la pregunta es: ¿Por qué? ¿Por qué si se les tiene identificados, vigilados y rodeados no se les arresta y juzga por el crimen cometido? ¿Será acaso que los nombres de los homicidas podrían darnos información precisa e irrefutable sobre los autores intelectuales del asesinato, sobre las mentes que perversamente planearon el crimen contra Manuel? ¿Será acaso que los orquestadores, los autores intelectuales del crimen tienen nexos con el poder político poblano a muy altos niveles, que por eso se les protege, en primer lugar dejando escapar a los sicarios? ¿Hasta qué esferas del Gobierno poblano llegan esos nexos? ¿Qué tanto poder tiene el cacicazgo de la Sierra Nororiental que es capaz de frenar una acción de la justicia, a pesar de que ésta tenga pruebas contundentes e irrefutables contra ellos? Y, finalmente: ¿El Estado es rehén de esos intereses o es parte activa y por eso los solapa? En cualquier situación, es claro que la inacción de la justicia poblana para detener a los asesinos de Manuel Hernández Pasión es totalmente premeditada, ilegal y alienta nuevos crímenes contra Antorcha en Puebla.
No es la primera vez que la justicia poblana se burla de nosotros. Hemos documentado ya 15 casos de torturas, allanamientos de casas, atentados y amenazas de muerte contra los líderes antorchistas en los últimos tres años y es la fecha en que ninguno de los criminales está en la cárcel. En todos los casos hemos ofrecido nombres, videos de cámaras de seguridad y testigos presenciales de los hechos; sin embargo, con toda desfachatez y soberbia la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno se muestran perversamente omisas. En algunos casos, los criminales están la vista y son por todos conocidos: por ejemplo, Manuel Valencia y Martín Gallo que con toda la impunidad pueden atacar a balazos las oficinas de nuestra organización en San Martín Texmelucan sin que nadie en el gobierno los toque ni con el pétalo de una rosa. Por tanto, no es una exageración preguntarse: ¿quién y por qué frena la aplicación de la justicia en los crímenes políticos contra Antorcha? ¿Qué grupos políticos están maquinando la aniquilación de nuestro movimiento por la vía del terror y el crimen? La verdad reprimida, por muy sometida que esté, siempre encuentra la forma de salir de su prisión y a veces lo hace con la fuerza de un volcán en erupción.
¿Cuánta sangre más tendrá que derramar el pueblo humilde en su lucha para liberarse de sus explotadores? No lo sabemos de cierto, pero a todos los antorchistas nos debe quedar claro que, en un Estado que reclama para sí el uso de la fuerza para someter a sus gobernados en beneficio de sus explotadores, la lucha será dura y debemos resistir pacíficamente con nuestro único escudo: el pueblo pobre organizado y dispuesto a enfrentar los peligros sean cuales sean.
Estamos iniciando ya una campaña nacional de denuncia por los crímenes políticos cometidos contra nuestra organización en Puebla, y una cosa les aseguramos: cada rincón de México conocerá la inacción de la justicia poblana en el crimen contra Manuel Hernández Pasión y sobre sus nombres caerá la condena de una nación entera. Más temprano que tarde, los solapadores tendrán que enfrentar, también, el peso de la ley y rendir cuentas por sus acciones.
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