En la Puebla del morenovallismo, guardando proporciones, pero en analogía con los regímenes totalitarios y represores que se vivieron en países latinoamericanos en las décadas de los 60, 70 y 80, las instituciones de justicia han sido utilizadas, ilegal, reiterada y abusivamente, para silenciar opositores, con el rencor y encono personales como resorte de motivación y la venganza como único objetivo.
Como nunca, ni en los más oscuros pasajes históricos de la represión de los años 60 y 70, periodo en el por cierto gobernó el abuelo del ahora ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas, se dio tal grado de beligerancia contra los grupos sociales y las personas que, en legítimo derecho constitucional, buscaban justicia, se expresaban contra las malas decisiones de gobierno o disintieron del autócrata.
Actualmente, hay en el estado más de 360 presos políticos, quienes están encarcelados con procesos en los que se ha torcido la ley y se han inventado imputaciones, descaradas e inverosímiles.
Hay casos en los que instituciones internacionales han dejado en evidencia la utilización que el anterior gobierno y el actual, que no es más que su continuación sumisa, han realizado dolosamente de las instancias de procuración de justicia, como garrote de revanchas, de vendettas.
En el más reciente, el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhibió las irregularidades en la detención y proceso que mantuvieron preso, desde diciembre 2014, al líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre“, Rubén Sarabia Sánchez, quien finalmente quedó libre el pasado 15 de noviembre.
Sin embargo, está pendiente que el gobierno del estado repare los daños cometidos contra este ciudadano y su familia entera, como demandó la ONU en su informe.
Pero hay cientos de casos más. Entre ellos, algunos de los más relevantes son los de Israel Pacheco, ex líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla; Francisco Castillo Montemayor, ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente; Jairo Javier Montes Bautista, ex presidente auxiliar de San Bernardino Chalchichuapan, derivado de la represión del morenovallismo contra la legítima demanda de ciudadanos de esa comunidad, de que permaneciera el Registro Civil; el conflicto dejó como saldo fatal un niño asesinado.
También están los casos de Juventino Tlahuel, quien fue apresado en el operativo para decomisar mototaxis; Juana Macuitl Cóyotl y su hija, Ángela Macuitl, tan solo por exigir que la Red Urbana de Transporte Articulado permitiera el pago con monedas y no solamente con tarjeta; ellas fueron juzgadas por el delito inventado de portación de armas.
Así, una larga lista, que suma más de 360 presos políticos actualmente y que pone a Puebla como el estado líder en este abuso en el país.
La Puebla del moenovallismo, la utilización torcida y perversa de las instituciones de procuración de justicia contra los críticos de Rafael Moreno Valle Rosas no tienen parangón en la historia de la entidad.
Nadie como Moreno Valle ha reprimido tanto y con tal belicosidad a sus opositores. La historia y, una vez que cambie el régimen en el país, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, así como del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno estatal, le cobrarán sus delitos.
Esa hiel con que actuó Moreno Valle solamente es comparable a la que desplegaron, con las proporciones guardas, reitero, regímenes como los de los dictadores Jorge Rafael Videla, quien gobernó Argentina de facto, a través de una junta militar, entre 1975 y 1978, aunque su poder trascendió los años; o de Augusto Pinochet Ugarte, quien con sangrienta mano represora gobernó Chile entre 1973 y 1990.
El pasado jueves 16 de noviembre, presenté un punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara de Diputados, para demandar a la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como al gobernador a hacer pública la información referente a las investigaciones de la totalidad de los casos de opositores y activistas que se manifestaron en contra de las decisiones y proyectos del gobierno de Rafael Moreno Valle, durante el sexenio pasado.
No podemos esperar a que el tiempo nos traiga la verdad histórica.
El momento es ahora y los responsables están a la vista.
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