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Anticorrupción y transparencia

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que ¿Con el Sistema Estatal Anticorrupción se logrará acabar en Puebla con la corrupción y la impunidad?

Lamentable creo que no porque se parte de un supuesto falso: que el combate a la corrupción en México ha fallado por la falta de leyes, instituciones y burócratas especializados en la materia.

El combate a la corrupción ha fallado porque hay impunidad sistemática y sistémica para sancionar a los corruptos, a los corruptores y a los funcionarios de dependencias gubernamentales y organismos públicos supuestamente autónomos creados para prevenirla y erradicarla, para castigar a sus implicados y para recuperar los millones y millones de pesos que se roban, desvían o esconden en paraísos fiscales como los de Barbados.

Atacar la corrupción y la impunidad más que una cuestión de leyes y códigos de ética, de institutos y comisionados de transparencia, de fiscales anticorrupción, contralorías, auditores, magistrados y ciudadanos vigilantes, es un asunto de voluntad política y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Y eso es precisamente lo que está ausente en el andamiaje del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, y en las reformas constitucionales y en las adiciones que se hicieron a las leyes ya existentes.

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Besos y apapachos a Ochoa en Puebla, por candidaturas

La columna De boca en boca, publicada en Ángulo 7, indica que : La visita a Puebla del líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, puso felices a los tricolores. Tanto que ninguno se opuso a que se designen candidatos por convención de delegados. En la reunión con su dirigente, la cúpula priista poblana lució muy unida, ordenada y sonriente, pero eso sí, todos se arremolinaron a la hora de tomarse la foto, donde aprovecharon para halagarlo y ver la forma de conseguir un espaldarazo para algún cargo.

Pero se fue y no dejó nada a nadie, bueno sí, su teléfono celular, que en un principio denunció que se lo habían robado entre los apapachos, pero más tarde se aclaró que lo dejó en la mesa del presídium y el equipo de la dirigencia local lo guardó y lo devolvió. Ya saben, todo quedó entre priistas.

: Los números no terminan de cuadrar en la integración del presupuesto de egresos para el siguiente año del ayuntamiento de Puebla, pues aunque se dijo que la solicitud del crédito de 300 millones de pesos no afectaría áreas como la de Seguridad e Infraestructura ambas han sufrido recortes.

Otro de los proyectos que estarían en riesgo por los recortes presupuestales son la semaforización inteligente y la fábrica de talentos que al parecer no resultan tan prioritarias para los regidores de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública.

: El secretario de Infraestructura municipal, David Aysa de Salazar, se autodescarto para contender por un cargo de elección popular en 2018, pues aseguró que lo suyo es ser servidor público y no político.

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Exigen priistas de Puebla lo que no practicaron seis años, ser una verdadera oposición a Moreno Valle

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, señala que sí y no.

Los priistas de Puebla tienen razón en querer descifrar el verdadero nivel de competencia electoral que impulsará el Comité Ejecutivo Nacional de su partido en contra del morenogalismo para los comicios de 2018.

Si pretenden entrarle a la contienda como candidatos a un cargo de elección popular, tienen derecho a saber si la pelea será de a de veras o si solo será parte de un montaje político previamente armado desde la capital del país, en el que Enrique Peña Nieto y Rafael Moreno Valle sean los principales artífices.

“¿Para qué tirarse a matar (en estricto sentido figurado) si en la cúpula se celebran acuerdos inconfesables, incluido el resultado de la elección?”, se preguntan los aspirantes del PRI en un genuino interés por conocer el margen de maniobra que habrá en la disputa del próximo año.

Por eso, cuestionar a Enrique Ochoa Reza sobre este tema en particular era un punto obligado para los “liderazgos” tricolores reunidos el miércoles en torno a su dirigente nacional.

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La Fiscalía de Carrancá, entre las peores del país

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que en este espacio se ha documentado la ineficiencia de Víctor Carrancá al frente de la Procuraduría General de Justicia y ahora en la Fiscalía.

Recientemente, la organización Impunidad Cero publicó el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías, con la novedad de que Puebla se ubica en las primeras cinco peores Fiscalías o Procuradurías de México, apenas debajo del Estado de México y Tabasco. Y por arriba de Michoacán y Guerrero.

Y no es para menos, la Fiscalía de Carrancá no tiene ni pies y cabeza. En el sexenio de Rafael Moreno Valle fue el garrote político de las voces críticas del morenovallismo.

Así lo pueden constatar los presos políticos, la mamá del niño asesinado en Chalchihuapan, los empresarios en la cárcel para quitarles propiedades, los papás de las mujeres asesinadas y desaparecidas.

Ayer, bastó la publicación de un tuit para que los bots morenovallistas defendieran al flamante fiscal.

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Enrique Ochoa dejó entrever que sigue vivo el amasiato entre el PRI y RMV

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que la reciente visita de Enrique Ochoa Reza a Puebla lo único que sembró fue desconcierto, mayores temores, de los aspirantes del PRI a ser el candidato a gobernador, ya que el dirigente nacional del tricolor no dejó entrever la más mínima señal de que ya se acabaron los acuerdos entre esta fuerza política y el ex gobernador Rafael Moreno Valle, que ha llevado al Partido Revolucionario Institucional a no poder asumir su condición de oposición y seguir siendo una agrupación colaborativa, o mejor dicho sometida, a los intereses del morenovallismo.

A los tres principales aspirantes del PRI, Enrique Doger Guerrero, Juan Carlos Lastiri y Javier López Zavala, les pasa lo mismo: cada uno a su manera tiene dudas, miedos, de que puedan alcanzar la postulación a aspirante gobernador y al final el tricolor, pero principalmente el presidente Enrique Peña Nieto, los abandone y los dejé a merced del morenovallismo, tal como ocurrió con los candidatos priistas que participaron en los procesos electorales locales de los años 2013 y 2016.

En los tres contendientes retumba mucho la advertencia que hizo en su momento el ex presidente estatal del PRI y ahora diputado federal por Morena Alejandro Armenta Mier acerca de que ya está negociada la gubernatura de Puebla, para que en el año 2018, con el apoyo de Los Pinos, el morenovallismo se vuelva a quedar con el control del Poder Ejecutivo estatal, la mayoría del Congreso local y las principales alcaldías de la entidad, que incluye todos los municipios de la zona conurbada de la capital.

Una segunda advertencia que pesa mucho en los aspirantes priistas es la denuncia que ha realizado Ricardo Anaya Cortés, el presidente nacional del PAN, quien ha aseverado que figuras nacionales del panismo son cercanos colaboradores del proyecto de llevar a José Antonio Meade Kuribreña –bajo las siglas del PRI– a la presidencia de la República.

Y frente a esa advertencia, todos miran a ver a Moreno Valle como uno de los panistas que seguramente tiene como prioridad ayudar a Meade Kuribreña, el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, a ser el próximo huésped de la residencia oficial de los Pinos.

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¿Qué chingaos está pasando en la Fiscalía de Puebla?

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, indica que la ola de violencia que vive Puebla, el año sangriento en materia de delitos de alto impacto y el impactante despegue en la cantidad de homicidios dolosos, no pueden explicarse sin el factor de correlación que es la impunidad, cuyo agente central es la Fiscalía General del Estado, una institución bajo crítica mediática permanente.

De alguna forma, el Nuevo Sistema de Justicia Penal puso una lupa sobre la institución, pues ahora la actuación de sus Ministerios Públicos ocurre a los ojos de todos. Unos casos se resuelven mejor, otros peor, pero la difusión del estudio de la ONG Impunidad Cero puso en evidencia todas las debilidades institucionales del organismo.

Impunidad Cero, la ONG creada por Federico Reyes Heroles, desnudó en su estudio a la FGE de Carrancá como la tercera peor del país de acuerdo con su Índice de Desempeño basado en siete variables. Los problemas son en su mayoría internos, pero su impacto es hacia afuera.

Como escribió Guillermo Zepeda Lecuona, uno de los investigadores de la ONG y académico del CIDE que coordinó la investigación, “el Ministerio Público es el corazón de la impunidad: la probabilidad de que una persona cometa un delito y sea puesto a disposición de un juez por el Ministerio Público es de 0.40 por ciento; en tanto que ya estando ante el juez, la probabilidad de ser procesado y condenado es de 74 por ciento”.

Que la FGE sea calificada como la tercera peor del país es un dato demoledor. Si lo sumamos al reciente robo perpetrado por un funcionario de la propia Fiscalía a cargo de la Bodega de Indicios, agravado por la difusión interna de un video en el que se exhibe a otro funcionario cobrando ‘moche’, se confirma una clara la crisis institucional, de organización interna y de credibilidad ante la sociedad.

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