El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, indicó que México se encuentra dentro de los 25 países con más víctimas de trata con fines sexuales y para trabajos forzados; entre los grupos más vulnerables están mujeres, niños y migrantes.
Así lo señaló al inaugurar el seminario internacional denominado “La trata de personas en contextos de movilidad”, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que participan expertos nacionales y extranjeros.
González Pérez sostuvo que los migrantes son algunas de las víctimas más propicias para la trata de personas en todas sus formas, por lo que consideró que México debe fortalecer sus políticas públicas para aplicar la norma de refugio que existe y que da protección a este sector.
Explicó que las normas mexicanas dan a los migrantes internacionales la posibilidad de solicitar refugio cuando consideren que regresar a su país pone en riesgo su vida o bien cuando son víctimas de alguna forma de trata de personas.
No obstante, acusó que de manera frecuente hay poca claridad sobre los datos de las personas migrantes que cruzan el país sin documentos y que pidieran ser sujetas de este tipo de protección, lo cual los empuja fácilmente a contextos de trata de personas.
Cifras poco precisas
Según sus cifras, entre 2009 y 2015 se identificaron mil 267 víctimas de trata de las cuales solo se sabe que el 42 por ciento eran mexicanos y siete por ciento extranjeros, pero del 51 por ciento se desconoce la nacionalidad y por lo tanto es difícil que soliciten refugio y por lo tanto pueden ser víctimas de trata.
Puntualizó que instituciones internacionales le han recomendado a México que presente datos más detallados de los migrantes para que su protección pueda ser más amplia.
Los expertos ponentes que participaron en la inauguración del seminario realizado Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), criticaron que “La trata de personas pulula, sin cifras exactas, en un México “en el que se camina sobre cadáveres’’.
El titular de la CNDH, concluyó que la trata de personas es un delito que no se ha podido erradicar en México, y tampoco se ha podido dimensionar, “por lo que sólo estamos en la posibilidad de formular estimaciones sobre su magnitud’’.
