Human Rights Watch recomendó a la OCDE que, antes de admitir a Colombia como miembro, analice la respuesta del gobierno de este país a la comunidad indígena Wayuu, que es “víctima” de una crisis en alimentos, servicios básicos y derechos humanos.
El tema se coló en la agenda internacional cuando la institución defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) envió una carta a Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recomendando analizar la respuesta que el Estado colombiano ha dado al grupo indígena.
A dicha carta le siguió una correspondencia redactada por los Wayuu, destinada a Gurría y al presidente del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales, en la que expresaron la vulneración “permanente y sistémica” a sus derechos humanos pese a las medidas cautelares que la CIDH les ha brindado.
Los Wayuu viven principalmente en los municipios de Manaure, Riohacha y Uribía, ubicados en el departamento de La Guajira y se enfrentan a esta crisis debido a la falta de recursos hídricos, la concesión de sus territorios a las empresas de extracción transnacionales y la presencia de grupos paramilitares, así como el olvido del gobierno.
Desde 2013, 193 niños murieron por desnutrición
HRW informó que, de 2013 a 2017, 193 niños murieron por desnutrición; esos datos se suman la situación precaria en la que madres gestantes y lactantes se encuentran debido al nulo acceso a servicios básicos.
HRW no es la primera figura internacional que evidencia las condiciones de los Wayuu, así también lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su resolución 3/2017, emitida el 26 de enero de este año, resultado de una solicitud de requerimiento para Colombia de proteger a las gestantes y lactantes.
La CIDH Determinó que esta comunidad indígena se encuentra en “una situación de gravedad y urgencia, toda vez que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo”. Motivo por el que se pidió al gobierno que se aseguren para ellos, los servicios de salud, acceso al agua y alimentos.
Sin embargo, este documento no fue el primero en su tipo, ya que en diciembre de 2015, la CIDH emitió una serie de medidas cautelares en favor de menores de edad de la misma comunidad, en ese texto se indicó que desde 2007 a 2015, cuatro mil 770 niños perdieron la vida como consecuencia de su estado de nutrición.
Gobierno implementó programa de bienestar
La respuesta de la gestión colombiana fue implementar un programa de atención a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el que aseguran que se ha atendido a 9 mil 817 personas, además de activar los llamados proyectos de Red de Seguridad Alimentaria hasta en 140 comunidades.
Y en 2004, la CIDH otorgó medidas cautelares a Mariana Epinayúu, Carmen Cuadrado Fincé, Débora Barros y Karmen Ramírez quienes son parte de la comunidad indígena y que denunciaron que su población había sufrido actos de violencia de grupos paramilitares con el apoyo del Estado colombiano.
El pasado mes de marzo, el procurador general colombiano, Fernando Carrillo Flórez, pidió a la Corte Constitucional declarar estado de cosas institucionales por la crisis en el departamento de La Guajira.
Carrillo dijo que las medidas que ya se han puesto en marcha no están resultando en mejoras a las condiciones de alimentación, servicio de agua potable y salud a los Wayuu.
El procurador señaló demoras de los apoyos, poca atención administrativa y la disminución de unidades móviles que otorgan servicios a la comunidad.
De acuerdo con HRW, la aplicación de Colombia para formar parte de la organización internacional, ha superado 20 de las 23 aprobaciones que emiten comités en materias especializadas; sin embargo, aún queda pendiente que comités como el de políticas sociales.
