El diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez, señaló que si Uber no quiere transparentar lista de socios, entonces dicha empresa debe asumir las consecuencias, entre éstas, que se le quite la concesión para operar en Puebla.
Comentó que si la firma de taxis ejecutivos Cabify infringió la ley, esto porque fue acusada de no verificar la situación de uno de sus choferes señalado como homicida de la estudiante de la Upaep, Mara Fernanda Castilla, entonces también se debe sancionar igual a Uber, porque uno de sus conductores es acusado como presunto autor material del asesinato de Mariana Fuentes Soto, alumna de la BUAP.
Indicó que si la empresa creadora de la aplicación móvil no quiere perder su concesión, entonces que transparente quienes son sus socios, pues hay rumores de que entre ellos hay políticos y otros empresarios locales.
“Cómo podemos prevenir estos delitos sino conocemos a los ganan con esa app (…) los choferes no tienen la misma prestación, vamos por los socios esos son los verdaderos responsables de la utilidad de Uber”, apuntó.
El también dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) anticipó que “tarde o temprano” esa empresa se irá de Puebla como sucedió con Cabify.
En manos de gobierno la sanción
Por su parte, el presidente del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui, dijo que corresponde al gobierno estatal determinar la sanción contra Uber.
Sin embargo, puntualizó que hasta el momento no hay iniciativa alguna para hacer adecuaciones a la Ley del Transporte respecto a los servicios de taxis ejecutivos, contratados mediante plataformas tecnológicas.
Y es que el 13 de septiembre, el panista Mario Rincón González y el perredista Julián Rendón Tapia, presidentes de las comisiones de Seguridad Pública y Transporte y Movilidad, respectivamente, anunciaron que presentarían iniciativas para que las unidades de dicho servicio tengan cámaras en las unidades, se exijan pruebas de confianza a choferes y la Fiscalía General del Estado tenga un padrón con sus datos.
Incluso, Aguilar Chedraui señaló que ni el gobierno estatal a través de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT) ha presentado alguna iniciativa al respecto.
