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Gobierno catalán firma independencia “suspendida”
Gobierno catalán firma independencia “suspendida”. Foto: Twitter / @teleSURtv
Gobierno catalán firma independencia “suspendida”
Gobierno catalán firma independencia “suspendida”. Foto: Twitter / @teleSURtv

A una semana del referéndum dónde se aprobó la separación de España, el presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, y su gabinete firmaron una declaración de independencia “suspendida”, pues aún buscan “diálogo” con el gobierno ibérico.

En medio de la tensión generada por una posible independencia con efecto inmediato, este martes Puigdemont y los integrantes de su administración decidieron rubricar un documento titulado “Declaración de los representantes de Cataluña” en el Parlamento local y, acto seguido, pidieron a los diputados que lo suspendieran para dialogar con el gobierno español, encabezado por Mariano Rajoy.

En el documento, se apela “a los Estados y a las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano“, pese a que la mayoría, incluido México han apoyado a España a señalar que no reconocerán a una Cataluña independiente.

Asimismo, se asegura que se “adoptarán las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia”, pese a que Rajoy ha reiterado que implementará las medidas necesarias para impedir la secesión catalana.

México no reconocerá a Cataluña independiente: Videgaray

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, aseguró que, si a pesar del diálogo con España, el gobierno catalán sigue adelante con su proceso separación, “México, en apego al derecho internacional, no reconocerá a Cataluña como un Estado independiente”.

Lo anterior manifestó durante su comparecencia ante el Senado, como parte de la glosa al V Informe del Gobierno Federal, donde lamentó “la violencia” suscitada el pasado 1 de octubre en dicha región por la realización del referéndum para votar la independencia, que fue aprobada por el 90 por ciento de los participantes.

Sin embargo, se pronunció “por una solución pacífica, en la que todos los involucrados consigan superar sus divisiones con pleno respeto a la Constitución española y a las instituciones del Estado”.

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