Atlas de Riesgo: ¿negocio o instrumento de prevención?
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que hoy le tengo más información sobre lo que parece un pingüe negocio de quien fuera coordinador de Vinculación Institucional y Participación Ciudadana del gobierno del estado, Fernando Morales Martínez, en la elaboración de Atlas de Riesgo para los municipios de la entidad que no cuentan con este instrumento de prevención de desgracias en caso de deslizamientos, granizadas, inundaciones, sismos, temperaturas extremas y erupción de volcanes. Que mucho se agradece.
El dato más relevante es que Fernando Morales habiendo ya renunciado al gobierno del estado, pues es dirigente local del partido Movimiento Ciudadano (MC) acudió todavía este lunes a negociar personalmente en la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) la contratación y monto de estos instrumentos con algunos presidentes municipales de la Sierra Norte de Puebla.
Este hecho, que en sí mismo constituye un delito electoral, fue atestiguado no sólo por presidentes municipales, síndicos y secretarios generales de distintos ayuntamientos, sino consentido por funcionarios de la Subsecretaría de Administración de la SFA, lo que los hace copartícipes de esta flagrante violación a la ley.
De la situación tienen pleno conocimiento dirigentes del PRI y del PAN, quienes hasta el momento han guardado un cómplice silencio sobre la presencia del coordinador estatal de MC en la reunión de funcionarios de la SFA y presidentes municipales y el rol protagónico que Fernando Morales tuvo en la firma de distintos convenios, acordando con alcaldes montos, plazos y formas de pago.
¿En calidad de qué ha asistido Fernando Morales a las reuniones de la Secretaría de Finanzas con presidentes municipales, antes y después de su nombramiento como dirigente de Movimiento Ciudadano?
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Aberración legal en puerta
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que un grave error dentro de la iniciativa de ley enviada por el Fiscal General Víctor Carrancá al Congreso del Estado, respecto a convertir en feminicidios todos los delitos de homicidios dolosos en contra de mujeres, es el hecho de perder la esencia de que justifica los ilícitos por las condiciones de desigualdad de género.
Para entender el tamaño de esta aberración jurídica, hay que partir de la base de lo que son los delitos dolosos: “Son aquellos que realiza el sujeto conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico un delito, daño o perjuicio según las disposiciones del Código Penal o bien previsto en la Ley Penal”.
“Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previniendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley”.
Ahora, veamos lo que técnicamente es un feminicidio.
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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Si no corren a Víctor Carrancá no funcionarán los esfuerzos para frenar los feminicidios
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que el empeño que han puesto los legisladores locales y el gobierno del estado en dar un fuerte impulso a la creación de políticas públicas y de hacer modificaciones jurídicas para frenar en Puebla la violencia de género, no tendrán credibilidad y una afectividad real mientras no se despida a Víctor Carrancá Bourget, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien ha sido una pieza clave para que prive la impunidad en torno a la mayoría de las docenas de feminicidios ocurridos en los últimos siete años.
Se sabe que en 2013, cuando ya estaba en marcha un importante crecimiento del número de asesinatos de mujeres, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas aceptó que el Congreso local tipificara el delito de feminicidio, pero a cambio habría ordenado a los miembros de su gabinete y diputados locales del PAN que el problema de violencia de género se buscara minimizar, ningunear, soslayar, para que no fuera un factor que afectara su imagen pública.
Es decir, se creyó de manera arbitraria que sacando el tema de los feminicidios de la atención de la opinión pública se resolvía la ola de crímenes de odio contra mujeres.
Quien siguió al pies de la letra esa instrucción fue Víctor Carrancá, quien estando al frente de la extinta Procuraduría General de Justicia y ahora de la FGE, ha puesto un especial empeño de evitar que la mayor parte de los asesinatos de mujeres sean considerados como feminicidios –en los que se tiene el componente de odio hacia la victima por ser fémina–, como si en algo eso ayudara a los procesos de castigar a los homicidas.
Por esa razón mientras el conteo que llevan organizaciones de la sociedad civil –que han realizado registros puntuales– y medios de comunicación señala que, entre el año 2013 y hasta la fecha, se han cometido en Puebla más de 330 feminicidios, el conteo de la FGE solamente reconoce 153 casos.
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El miedo a que la reconstrucción esté en manos de Lastiri
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, indica que en el gobierno estatal hay mucho escepticismo por el papel que jugará Juan Carlos Lastiri en la complicadísima fase de reconstrucción que se avecina en Puebla y abarcará 122 municipios en una amplísima porción de territorio que incluye la Mixteca, la zona de Izúcar, el Valle de Atlixco y Puebla capital.
No se trata solamente de la afición por los dineros que tiene el subsecretario, así como la vocación terrateniente que demostró en Lomas de Angelópolis junto a su hermano. Tampoco se trata de sus aspiraciones para convertirse gobernador por el PRI y de cómo podría aprovechar la designación que le dio Peña Nieto al nombrarlo representante del Gobierno federal.
El escepticismo surge por la probada ineficiencia de la Sedatu para cumplir sus compromisos con los damnificados. No hace falta hacer mucha historia. Basta recordar que a más de un año de la devastación que provocó Earl en Huauchinango, la dependencia todavía no puede entregar 90 casas en ese municipio, la parte que le tocaba cubrir a la Federación por ese desastre natural.
Si Lastiri en un año no ha podido cumplir con la entrega de 90 casas, ¿cuánto tiempo va a requerir la emergencia del sismo que incluye casi cuatro mil viviendas en pérdida total y otras nueve mil con daños parciales? ¿Va a necesitar meses, años o décadas? No hablamos de un problema de grilla, sino de eficiencia. Gali no puede darse el lujo de perder tiempo.
El alcalde de Huauchinango es quien más ha sufrido la probada ineficiencia de Juan Carlos Lastiri y del delegado local Juan Manuel López Arroyo que parece haber llegado a empeorar al terrible Román Lazcano.
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El “No” de Melquiades Morales
Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, señala que cuando un político mexicano dice “no”, quiere decir “sí”.
Este miércoles, el embajador Melquiades Morales dijo muy en su estilo que ya está más allá del bien y del mal en el tema de la candidatura del PRI a la alcaldía de Puebla y deseó que vengan otros más jóvenes y con mayores bríos.
Rodeado por decenas de reporteros, interrogado sobre sus aspiraciones, don Melquiades dijo lo que tenía que decir: “no”.
Así lo ha hecho siempre.
De inmediato, los editores cabecearon que el embajador descartaba ser candidato en 2018.
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