Desde mayo, Arabia Saudita ha incrementado la violencia y marginación de la población musulmana chiita que conforma una minoría religiosa y que ha sido testigo de la destrucción de su ciudad en manos de las fuerzas armadas.
La provincia de Al Qatif y en particular la ciudad de Al Awamiya son los lugares en los que más viven chiitas y son escenario de la actual campaña de eliminación que las fuerzas armadas saudíes han emprendido, obligando a la población a evacuar sus hogares y enfrentarse a juicios injustos, sumados a las ya tradicionales acciones de marginación que el reino ha ejercido.
20 mil musulmanes chiitas, de acuerdo con Imam Hasan Qazwini, fundador del Centro Islámico de América, se han quedado sin casa en Al Qatif como consecuencia de la demolición de la ciudad que comenzó hace cinco meses.
Tan sólo, en la zona de Al Masura se han destruido 488 casas con la justificación de “desarrollo de la región” que, según indica la publicación Saudi Gazette , concluirá en dos años su construcción.
A través de una imagen satelital, Human Rights Watch dio a conocer que la ciudad de Al Awamiya, en la misma provincia, ha sido destruida, por lo que insta al gobierno a investigar si sus fuerzas armadas se han excedido de su poder con la población de la zona, al igual que con su infraestructura.
Tortura, una práctica usual, lamenta AI
Las acciones contra este grupo religioso no son nuevas, sin embargo han tenido un incremento desde el 2011, año en el que la población chiita salió a las calles a exigir igualdad de trato.
En la actualidad, tal como el reporte de país de 2016 a 2017 de Amnistía Internacional (AI) confirma: “las autoridades restringían severamente el derecho de libertad de expresión, asociación y reunión, deteniendo y encarcelando a quienes las criticaban, a defensores y defensoras de derechos humanos y a activistas de los derechos de las minorías por cargos imprecisos”.
AI declaró que la tortura es una práctica usualmente aplicada a los chiitas, asimismo, aseveró que en febrero, el Tribunal Penal Especializado juzgó a 30 de ellos y les imputó los cargos de espionaje para Irán y protestar en Qatif.
25 de los juzgados fueron castigados con pena de muerte, luego de un proceso que el organismo defensor de derechos humanos califica como “injusto”. Esta misma penalización fue aplicada a cuatro chiitas acusados de formar parte de protestas en el año de 2012, momento en el que, señala AI, eran menores de edad.
El reporte demuestra que la gestión gubernamental saudí, en el periodo de tiempo que comprende la publicación, se restringió la libertad de expresión y hostigó a la minoría religiosa, además, este grupo resultó víctima de “discriminación arraigada.
AI explica que a los chiitas se les niega acceso a servicios básicos y se les limita la obtención de empleos.
